Familiares de los considerados presos políticos en Venezuela protestaron este viernes frente a la sede del Ministerio de Servicio Penitenciario, en Caracas, para exigir un «trato digno» de reclusión, ya que -alegan- las condiciones de reclusión son «deplorables» porque, entre otras cosas, la comida que les entregan está en mal estado.
«La situación está delicada, yo vi a mi hijo el miércoles pasado, lo vi por 10 minutos. Mi hijo me dijo que está pasando hambre, que la comida es inhumana, que la comida está ácida, que no les dan agua», indicó Yuleici Romero, madre de un joven detenido tras las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales del 28 de julio.
Romero sostuvo que su hijo fue detenido cuando estaba en una playa del estado La Guaira (norte), con su novia y su suegra, el pasado 7 de agosto, y, posteriormente, fue trasladado a una cárcel del estado Aragua (norte).
Ante esto, exigió la libertad para todos los considerados presos políticos, ya que -sostuvo- están «maltratados psicológicamente».
«Quiero pasar Navidad con mi hijo, nosotras queremos pasar Navidad con nuestros hijos, qué es una Navidad sin familia, porque están emigrando nuestros hijos o ahora los tenemos presos», apostilló.
Igualmente, Mildred Martínez, esposa del comisario de la Policía Municipal del municipio Sucre del estado Miranda (norte), Gilbert Barillas, denunció que se han violado todos «sus derechos».
Barillas es vinculado con la llamada operación ‘Gedeón’, una fallida incursión marítima en mayo de 2020, cuando, según el Gobierno, la oposición intentó una invasión militar.
«No se lo deseo a nadie, tener a una persona privada de libertad en las condiciones que están nuestros familiares, no es vida para uno», indicó.
Además, dijo, esta situación también la ha afectado económicamente por los pagos que tiene que hacer en transporte público para poder visitar a su esposo, «sin contar lo que se le puede llevar» a la cárcel.
Este viernes, la ONG Foro Penal dijo que en Venezuela hay 1.936 detenidos considerados presos políticos, 20 más que la semana pasada, cuando se computaron 1.916 personas privadas de libertad por las mismas razones.
Precisó que, del total de las aprehensiones, 1.814 se hicieron tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desató una crisis por la denuncia de «fraude» hecha por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
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Prensa LOV/CCGuerra
