“Ayúdenos, por favor, los medios internacionales son nuestra única esperanza, estamos desesperados”, dice con la cara llena de lágrimas y la voz quebrantada Coralia García, una señora de 58 años.
García tiene dos días acudiendo a las afueras de Zona 7, un centro preventivo de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana. Viene a brindarle compañía y apoyo moral a su amiga, Jenny Merentes, cuya hija es una de las más de 2.000 personas que han sido detenidas, en las protestas que estallaron en varias zonas del país tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral que dio como ganador de la elección presidencial a Nicolás Maduro, con el 51% de los votos.
“Ella trabaja en una panadería y al salir agarró un mototaxi para irse a cuidar a su hijo en la casa. Cuando pasaba por Chacao la policía los paró y se la llevaron a ella y al pobre mototaxista”, le dice a BBC Mundo.
“Ella no ha participado en manifestaciones ni mucho menos en guarimbas (protestas)”, prosigue.
“Su jefe me dijo que hay videos que muestran que estaba trabajando, ¡incluso llevaba el uniforme de la panadería cuando la arrestaron! No me han dejado pasarle ropa y no sé si le darán la comida que le mando”, añade y deja salir el llanto que con dificultad estaba tratando de contener.
Merentes cuenta que a su hija, de 31 años, la detuvieron el lunes y pasó por dos centros de detención en Caracas antes de que la enviaran a Zona 7.
Sólo pide que se le haga un proceso justo en el que puedan mostrar los videos en la panadería que comprueban que no estaba en ninguna “guarimba”.
«Arrestaron a mucha gente inocente»
Este miércoles, el mandatario Nicolás Maduro tildó a las personas que han sido detenidas de criminales y terroristas.
Asimismo señaló, sin presentar evidencia, que los detenidos habían sido entrenados en Perú, Chile, Texas (Estados Unidos) y Colombia para “atacar” y “quemar” en Venezuela.
En las afueras del centro de detención el ambiente es fúnebre, las caras son largas y muchos tienen los ojos hinchados de tanto llorar.
“Arrestaron a mucha gente inocente. La mayoría son muy jóvenes, de 14 o 18 años”, dice una señora de la tercera desde una colchoneta, en la que ha dormido desde el domingo esperando tener alguna información sobre su nieto.
Algunos están allí desde la misma noche de la elección, cuando sus familiares fueron detenidos; otros llegaron tras las protestas del lunes y el martes.
Unas pocas familias se han traído colchonetas y almohadas para tomar siestas durante el día, pero les cuesta dormir.
Muy pocos han logrado obtener información sobre sus familiares detenidos. Algunas madres temen que sus hijos estén siendo torturados.
La gran mayoría proviene de zonas humildes de la capital venezolana, que son las que han liderado las protestas en contra de lo que consideran que fue un fraude electoral.
Pese a la angustia y la difícil situación de todos los presentes, hay mucha solidaridad.
Comparten el agua, el café que traen en termos, mordiscos de sándwiches que preparan en sus casas y, sobre todo, historias.
Todos manejan exactamente la misma información, porque la poca que se cuela corre como la pólvora. Me contaron que entre los detenidos hay un señor de la tercera edad, un joven que sufre de ataques de epilepsia, y que ya le han dado varios episodios, e incluso una mujer embarazada que presuntamente fue maltratada.
Toda esta información es imposible de confirmar desde las afueras de la prisión.
«Salieron a comprar un refresco y se los llevaron presos»
Algunos dicen que no tienen ánimos ni fuerzas para hablarle a la prensa, otros prefieren no revelar su identidad.
“Si estuviéramos en un país libre te daría declaraciones, pero con estos desgraciados uno nunca sabe. Quizá lo que digamos lo utilicen en nuestra contra”, suelta una abuela de unos 70 años, antes de mostrarme una foto de su “niña” a quien espera volver a ver sana y salva.
“Yo estoy aquí desde el martes en la noche. Estuvimos todo el lunes buscando a mi niño en el Barrio Unión de Petare donde vivimos, y donde ni siquiera hubo disturbios. Mi hijo de 22 años desapareció después de que un grupo de colectivos llegó disparando en las calles del barrio”, le dice a BBC Mundo.
“Él y el hermano de mi yerno, que apenas tiene 18 años, habían salido a comprar un refresco y se los llevaron presos”, añade.
“Ahora los están acusando de terroristas, ¿cómo pueden hacer eso sin pruebas?”.
Derechos fundamentales
José Bianchi, abogado experto en Ciencias Penales y Criminalísticas, quien está ayudando a algunas familias, dice que las autoridades están violando varios derechos fundamentales.
“Los están juzgando sin derecho a una defensa privada. Sólo dejan entrar al recinto a defensores públicos del Ministerio Público, que todos sabemos que hacen un trabajo político”, le dice a BBC Mundo
Asegura que a los jóvenes familiares de Carlos Eduardo “los capturaron como animales”.
“Los vecinos de Petare grabaron lo que estaba pasando. En los videos se ve cómo los jóvenes corren perseguidos por la policía que les disparaban como si estuvieran en un safari en África”.
Una señora que también vive en Petare corrobora la historia:
“Mucha gente pensaba que eran balas y había mucho miedo y caos, pero creo que eran perdigones. Al mismo tiempo, los colectivos pasaban por casas golpeando puertas y gritaban que el voto no era secreto y que sabían quiénes éramos los escuálidos”.
Incomunicados
José Ángel Foreros y Jaqueline Herrera, abogados de Foro Penal, una organización que defiende los derechos humanos, interpusieron un recurso de amparo constitucional ante la Justicia en defensa de las personas detenidas en las protestas.
Explicaron que se han violado las garantías expuestas en los artículos 44.2 y 49.1 de la Constitución venezolana en los procesos que se están llevando con estas personas detenidas.
Dichos artículos garantizan, entre otras cosas, el derecho que tiene todo detenido a comunicarse con sus familiares y representantes jurídicos o persona de su confianza, y estipula como “derechos inviolables” la defensa y la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
El Foro Penal, a cuyos representantes no les han permitido acceder al centro preventivo Zona 7, informó este jueves que 75 personas que estaban detenidas en el recinto han sido trasladadas a la Cárcel de Yare, en el estado Miranda.
“Estas personas quedaron privadas de libertad y engrosan el número de presos políticos”, aseguró el grupo en la red social X.
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Agencias
Prensa LOV/CCGuerra
