Un proyecto de ley que podría transformar la manera en que los ‘sheriffs’ en Texas trabajan en conjunto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) avanza en el Senado estatal.
La iniciativa, conocida como SB 8, busca establecer lineamientos uniformes que conviertan a los policías locales (sheriffs) en agentes de inmigración bajo acuerdos formales con la agencia federal. La falta de normativas actuales ha generado prácticas inconsistentes entre los distintos condados. De aprobarse, esta legislación entraría en vigor el 1 de enero de 2026.
El texto, patrocinado por el legislador republicano David Spiller de Jacksboro, fue modificado recientemente para extender sus disposiciones a todos los condados que operen una cárcel, eliminando el requisito previo de que solo las jurisdicciones con más de 100,000 habitantes debían firmar acuerdos con ICE.
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Según explica Spiller, el objetivo del proyecto es garantizar que los delincuentes peligrosos no pasen desapercibidos y fortalecer la seguridad fronteriza del estado.
La propuesta también contempla un programa estatal de subvenciones destinado a cubrir los costos de implementación, así como mecanismos de rendición de cuentas para asegurar transparencia y uniformidad.
Otro aspecto relevante de la SB 8 es la autorización al fiscal general para presentar demandas contra los sheriffs que incumplan con las disposiciones de la ley. Esto busca garantizar la cooperación entre los gobiernos locales y el ICE en el arresto, encarcelamiento y deportación de inmigrantes indocumentados.
Eduardo Leal, subsecretario de prensa del gobernador Greg Abbott, señaló que el mandatario ha expresado su apoyo a iniciativas que promuevan la colaboración plena entre las ciudades y condados de Texas y el gobierno federal en asuntos migratorios.
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La legislación recibió aprobación preliminar en la Cámara de Representantes con una votación de 89 a 50, pero aún necesita una segunda votación antes de regresar al Senado para que se confirme si los cambios serán aceptados. De llegar a un consenso, el proyecto sería enviado al gobernador Abbott para su firma.
No obstante, la SB 8 ha enfrentado críticas de organizaciones pro derechos de los inmigrantes y sindicatos. Daniela Hernández, coordinadora de Políticas Estatales del Fondo de Acción para la Defensa de los Trabajadores, calificó el proyecto como un «desperdicio de millones de dólares» y un ataque selectivo contra las comunidades inmigrantes.
Leonard Aguilar, secretario-tesorero de la AFL-CIO de Texas, expresó preocupaciones sobre el impacto en los encuentros entre las comunidades y las fuerzas del orden, afirmando que el proyecto está «alimentado por el odio».
Además, una petición organizada por grupos como Grassroots Leadership y Texas Civil Rights Projects advierte que leyes como la SB 8 podrían disuadir a los residentes inmigrantes de buscar ayuda policial por miedo a ser deportados.
El debate sobre la SB 8 pone de manifiesto la polarización en torno a las políticas migratorias en Texas, un estado clave en la frontera sur de Estados Unidos. Mientras algunos ven en el proyecto una herramienta para reforzar la seguridad, otros lo consideran una amenaza para los derechos y la seguridad de las comunidades inmigrantes.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
El Tiempo
