Según documentos internos del Gobierno de EE. UU., citados por la cadena local ‘CBS’, el Gobierno de Donald Trump lanzó una campaña nacional para anular las solicitudes de asilo de miles de personas con casos activos en los tribunales de inmigración.
Su Administración argumenta que los afectados pueden ser deportados Aa terceros países. Entretanto y pese a los esfuerzos de Washington por acelerar las expulsiones, un juez dictaminó el retorno de 137 venezolanos que fueron a la megacárcel de El Salvador.
La ofensiva de Donald Trump contra los solicitantes de asilo parece haberse intensificado en las últimas semanas, poniendo el foco en los casos de resolución pendiente en tribunales de inmigración en Atlanta, Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Texas y otros lugares de Estados Unidos, según varios abogados de inmigración y representantes legales certificados, que hablaron con la cadena ‘CBS News’.
El medio local, además, cita documentos internos del Gobierno de EE. UU., según los cuales, Washington busca cancelar miles de solicitudes de asilo, al argumentar que los aspirantes a esa protección pueden ser deportados a otros países diferentes a sus naciones de origen.
Los documentos muestran que como parte de esa iniciativa, los abogados del ICE han solicitado a los jueces de inmigración que ordenen la expulsión de los solicitantes de asilo a países como Guatemala, Honduras, Ecuador y Uganda.
En caso de que la petición de la Administración Trump prospere, las solicitudes de asilo pendientes de respuesta en los tribunales quedarán anuladas, lo que allanaría el camino para su deportación sin necesidad de apelación.
“La nueva táctica del Gobierno consiste en que los abogados del ICE soliciten a los jueces de inmigración que desestimen las solicitudes de asilo sin escucharlas sobre el fondo del asunto. En estas solicitudes, conocidas como mociones «pretermit», el ICE argumenta que los solicitantes de asilo que temen ser perseguidos en sus países de origen pueden ser deportados a una de las varias naciones que el Gobierno de Trump ha persuadido para que acepten deportados que no sean sus ciudadanos”, explica en un informe la cadena local.
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Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, citado por la agencia de noticias Reuters, señaló que si bien el Gobierno busca acelerar las deportaciones de personas sin documentación en Estados Unidos, también “garantiza” que las personas inmigrantes accedan a las vías legales disponibles.
“Estamos trabajando para expulsar a los inmigrantes indocumentados de nuestro país lo más rápido posible, a la vez que garantizamos que reciban todos los procesos legales disponibles, incluyendo una audiencia ante un juez de inmigración”, declaró el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado enviado por correo electrónico.
Trump busca “eliminar la vía al asilo en EE. UU.”
Los abogados señalaron que el objetivo final de la nueva ofensiva del Gobierno es eliminar las vías que existen para solicitar asilo en suelo estadounidense.
Y es que la Administración republicana ve en el sistema actual de asilo un obstáculo para lograr su cometido de deportaciones de manera express.
Algunos abogados resaltaron que para ello la actual estrategia es “obligar a los solicitantes de asilo a retirar sus solicitudes, aterrorizándolos con la posibilidad de ser deportados a un país que no es el suyo”, citó ‘CBS’.
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«Ven el sistema de asilo en su conjunto como un problema, porque les impide deportar a las personas de manera rápida», indicó Paúl Pirela, abogado de inmigración en Houston.
«Si quieres solicitar asilo, te estamos obligando a hacerlo en un país en el que nunca has estado (…) Simplemente tienes que rendirte y regresar a tu país o ir a otro lugar», agregó Pirela.
Juez ordena el retorno de 137 venezolanos deportados a El Salvador
Pese a la campaña de deportaciones de Donald Trump, el lunes 22 de diciembre, el juez James Boasberg dictaminó que el Gobierno debe gestionar de manera urgente el regreso de 137 venezolanos que fueron deportados a El Salvador y encarcelados en el país centroamericano por presuntos vínculos con bandas criminales.
Se trata de hombres que fueron deportados a una prisión en El Salvador en marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El juez de distrito argumentó que su expulsión violó el debido proceso y tienen derecho a volver a los tribunales para impugnar su deportación.
Ahora, el Gobierno de Trump debe presentar un plan que permita su regreso en un plazo de dos semanas, según lo indicado por el magistrado.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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