El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de todas las solicitudes de inmigración, incluyendo la tramitación de la ciudadanía y la residencia en el país, presentadas por inmigrantes de 19 países no europeos. Entre ellas, las personas que provengan de Venezuela y Cuba. La Administración de Donald Trump alega preocupaciones sobre la seguridad nacional y pública.
Donald Trump impone nuevas restricciones a la inmigración en Estados Unidos.
El Gobierno suspende todas las solicitudes de residencia permanente–conocida como green card–así como la de ciudadanía para las personas provenientes de 19 países: Venezuela, Cuba, Haití, Afganistán, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. Así lo señala un memorando de política, publicado en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 2 de diciembre.
Se trata de las mismas naciones a cuyos ciudadanos se les prohibió viajar a territorio estadounidense, como parte de los cambios radicales en la legislación migratoria tras el tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional.
La Administración Trump ha justificado esa medida tras calificar a esos países como de alto riesgo. El Gobierno no ha informado cuándo levantaría esa decisión, el memorando solo señala que el director de la agencia, Joseph Edlow, decidirá cuándo levantar la pausa.
Esta es una ampliación de las políticas migratorias del líder republicano. Ya el pasado 27 de noviembre, tras el tiroteo, el republicano había anunciado que suspendería «permanentemente» la inmigración de países del «tercer mundo», aunque no especifió las naciones a las que se refería.
El pasado junio, su Gobierno prohibió los viajes a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países: Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Además, restringió el acceso a los ciudadanos de otras siete naciones: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, tras alegar motivos de seguridad nacional.
En ese momento, no se tomaron medidas contra los inmigrantes de esos países que ya se encontraban en EE. UU. antes de la entrada en vigor de la prohibición de viajes.
Pero ahora, las noticias del USCIS significan que las personas que ya se encuentran en EE. UU., independientemente de su fecha de llegada, estarán bajo un escrutinio adicional.
¿Qué pasará con las solicitudes de residencia y ciudadanía aprobadas en el gobierno de Biden?
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) afirmó que realizará una revisión exhaustiva de todas las solicitudes de beneficios aprobadas para inmigrantes que ingresaron al país durante la Administración del entonces presidente Joe Biden, quien gobernó entre enero de 2021 y enero de 2025.
La agencia citó el tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional a manos de un sospechoso de nacionalidad afgana–ocurrido el pasado 26 de noviembre–como motivo de la pausa y el mayor escrutinio para las personas de esos países. Una joven soldado de la Guardia Nacional murió y otro militar resultó herido tras los disparos recibidos cerca de la Casa Blanca.
“En vista de las preocupaciones identificadas y la amenaza al pueblo estadounidense, el USCIS ha determinado que es necesaria una nueva revisión exhaustiva, una posible entrevista y una nueva entrevista de todos los extranjeros procedentes de países de alto riesgo que ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021”, declaró la agencia.
El USCIS indicó que, en un plazo de 90 días, crearía una lista priorizada de inmigrantes para su revisión y, de ser necesario, su remisión a las autoridades migratorias u otras agencias del orden público.
El reciente tiroteo ha servido de combustible para las políticas antimigratorias de Donald Trump, una de sus prioridades desde su primera campaña a la Presidencia. Desde su retorno a la Casa Blanca, el pasado enero, el magnate de los bienes raíces convertido dos veces en presidente–de forma no consecutiva–ha priorizado aún más la aplicación de las leyes antimigratorias, enviando agentes federales a las principales ciudades estadounidenses y rechazando a solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
Su Administración ha destacado con frecuencia el impulso a las deportaciones masivas, pero hasta ahora había puesto menos énfasis en medidas que afecten aquellos inmigrantes que ya cuentan con permisos para residir y trabajar en el país, algo que, según lo anunciado, estaría a punto de ampliar.
Sharvari Dalal-Dheini, directora sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, afirmó que la organización ha recibido informes sobre la cancelación de ceremonias de juramento de nacionalidad, entrevistas para obtener la ciudadanía y entrevistas de ajuste de estatus para personas de los países incluidos en la prohibición de viaje.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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Con Reuters y AP
