Una tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, lo que abre un posible conflicto legal que podría trastocar la agenda de política exterior del mandatario.
El fallo del tribunal afecta los aranceles «recíprocos» de Trump, impuestos a la mayoría de los países del mundo, así como otros aranceles aplicados a China, México y Canadá.
En una decisión por 7 votos a favor y 4 en contra, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE.UU. rechazó el argumento de Trump de que los aranceles estaban permitidos en virtud de una ley de poderes económicos de emergencia, calificándolos de «inválidos por ser contrarios a la ley».
La decisión no entrará en vigor hasta el 14 de octubre, para dar tiempo al gobierno de solicitar a la Corte Suprema que analice el caso.
Trump criticó al tribunal de apelaciones y su fallo desde su cuenta en Truth Social, afirmando: «Si se mantiene, esta decisión literalmente destruiría a Estados Unidos de América».
«Hoy, un tribunal de apelaciones altamente partidista afirmó incorrectamente que nuestros aranceles deberían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final», escribió.
- «Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente, y tenemos que ser fuertes».
Amenazas «inusuales y extraordinarias»
Trump justificó los aranceles amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), que otorga al presidente la facultad de actuar contra amenazas «inusuales y extraordinarias».
El mandatario declaró una emergencia nacional comercial, tras alegar que un desequilibrio comercial es perjudicial para la seguridad nacional del país.
Sin embargo, la corte dictaminó que imponer aranceles no figura dentro del mandato del presidente y que establecer gravámenes es «una facultad esencial del Congreso».
El fallo de 127 páginas establece que la IEEPA «no menciona aranceles (ni ninguno de sus sinónimos) ni contiene garantías procesales que limiten claramente la facultad del presidente para imponerlos».
Por lo tanto, la facultad de imponer impuestos y aranceles sigue perteneciendo al Congreso, dictaminó el tribunal, y la IEEPA no la invalida.
El tribunal advirtió que es improbable que, cuando el Congreso aprobó la ley en 1977, su intención fuera «desviarse de su práctica anterior y otorgar al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles».
«Siempre que el Congreso pretende delegar en el presidente la facultad de imponer aranceles, lo hace explícitamente, ya sea mediante el uso de términos inequívocos como arancel y derecho, o mediante una estructura general que deja claro que el Congreso se refiere a aranceles», escribieron los jueces.
Las demandas
El fallo responde a dos demandas interpuestas por pequeñas empresas y una coalición de estados del país.
Las demandas se presentaron tras las órdenes ejecutivas de Trump del pasado 2 de abril, que impusieron un arancel base del 10% a casi todos los países del mundo, así como aranceles «recíprocos» a docenas de países.
Trump bautizó la fecha como el «día de la liberación» de Estados Unidos de las políticas comerciales injustas.
En mayo, el Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, declaró ilegales los aranceles. Esta decisión quedó en suspenso durante el proceso de apelación.
Además de estos aranceles, el fallo del viernes también anula los que EE.UU. impuso sobre Canadá, México y China, que según Trump, son necesarios para detener el tráfico de drogas a EE.UU.
Sin embargo, la decisión no se aplica a otros aranceles, como los impuestos al acero y al aluminio, que se implementaron bajo una autoridad presidencial diferente.
Antes del fallo, los abogados de la Casa Blanca argumentaron que invalidar los aranceles provocaría un colapso financiero similar al de 1929, el desplome bursátil que desencadenó la Gran Depresión.
«Revocar repentinamente la autoridad arancelaria del presidente en virtud de la IEEPA tendría consecuencias catastróficas para nuestra seguridad nacional, política exterior y economía», escribieron en un documento.
«El presidente cree que nuestro país no podría devolver los miles de millones de dólares que otros países ya han comprometido a pagar, lo que podría llevarnos a la ruina financiera».
¿Extralimitación presidencial?
El fallo también plantea interrogantes sobre los acuerdos que algunos países alcanzaron con EE.UU. para reducir las tasas arancelarias. Esto implica que es casi seguro que el caso llegue a la Corte Suprema de EE.UU., que en los últimos años ha mostrado escepticismo hacia los presidentes que intentan implementar nuevas políticas radicales sin la autorización directa del Congreso.
Durante la presidencia de Joe Biden, la corte amplió lo que denominó la «doctrina de las cuestiones importantes» para invalidar los esfuerzos demócratas para utilizar leyes existentes para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas y condonar la deuda de préstamos estudiantiles de millones de estadounidenses.
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Si aceptan considerar el caso, los nueve jueces de la Corte Suprema podrían evaluar si el expansivo programa arancelario de Trump es otro ejemplo de extralimitación presidencial o si está suficientemente fundamentado en la ley y la autoridad del mandatario.
Aunque la corte de apelaciones le infligió una derrota al gobernante, la Casa Blanca podría consolarse con el hecho de que solo 3 de los 11 jueces de la corte fueron nombrados por republicanos.
La Corte Suprema tiene seis nombramientos republicanos, incluidos tres que fueron seleccionados por el propio Trump.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
