Unos 300 millones de niños a nivel global -1 de cada 8 menores- se ha visto afectado por alguna forma de abuso sexual en internet, denuncia un informe presentado este jueves en Londres que insta a la colaboración conjunta de Gobiernos y sector privado para erradicar estos delitos.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), institución intergubernamental dedicada a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, desveló en Londres el documento ‘Detectar, Desmantelar e Investigar la Explotación Sexual de menores online’, elaborado junto al Reino Unido y Australia.
En él, urge a gobiernos, instituciones financieras y agentes del sector privado a dar pasos inmediatos para priorizar que se compartan datos de inteligencia financiera.
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En el acto de presentación del informe en Guildhall -sede de la alcaldía de la City de Londres-, la presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, dijo a EFE que la explotación sexual digital a menores es un crimen del que ningún país está exento al pedir la colaboración conjunta del sector privado y de los Gobiernos para erradicarlo.
El informe examina los flujos financieros relacionados con el abuso sexual a niños que se transmite por ‘streaming’ y la extorsión financiera sexual a menores, y explora cómo al compartir datos de inteligencia financiera se puede rastrear y alterar esa actividad delictiva y mantener seguros a los niños.
Entre otras medidas, se aboga por adoptar estrategias investigadoras que salvaguarden a las víctimas de nuevos traumas al tiempo que se juzga a los autores de los crímenes.
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Dependiendo del tipo de delito del que se trate, indicó que las víctimas «normalmente están en Europa, en el Norte de América, en Australia, y las organizaciones criminales que están en línea invirtiendo tiempo en llevar a los niños a compartir estos materiales están en otros países, en otras regiones que podríamos considerar menos desarrolladas» en el caso de la ‘sextorsión’.
Puntualizó además que cuando se trata de abusos sexuales online perpetrados en tiempo real, los consumidores «están en Europa, en Norteamérica, o en sociedades con mayores recursos, mientras que las víctimas son muchas veces víctimas de tráfico humano que están en poblaciones que pudieran considerarse menos desarrolladas».
Según De Anda, el sector privado «tiene la primera línea de defensa para proteger a estos menores y los gobiernos también», por lo que los urgió a implementar iniciativas «para trabajar conjuntamente».
Por su parte, el responsable de la Policía Federal de Australia, Stefan Jerga, subrayó que es «crítico erradicar estos crímenes de manera innovadora y con un enfoque multidimensional» y consideró que «la prevención siempre debería ser el principal objetivo».
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Agencia
