Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y Haití solicitaron este lunes a un juez federal en California suspender la orden de la Casa Blanca que pone fin al amparo migratorio en los próximos meses y los expone a la deportación.
Audiencia en una corte de San Francisco (California)
En la audiencia realizada en una corte de San Francisco (California), los demandantes solicitaron a la corte que bloquee la orden de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, de finalizar las protecciones para unos 350.000 venezolanos y cerca de 500.000 haitianos beneficiados con el TPS, mientras se desarrolla el litigio.
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La demanda argumenta que el fin del TPS para los inmigrantes de estas dos naciones está motivada por «racismo» y que la secretaria Noem carece de autoridad, ya que la Administración de Joe Biden (2021-2025) había otorgado una extensión al amparo de 18 meses.
La Alianza Nacional del TPS, liderada por decenas de miles de beneficiarios del TPS y organizaciones, es la principal demandante en el caso.
«La cancelación del TPS para las comunidades venezolana y haitiana no solo es ilegal, sino también profundamente perjudicial para las familias que han buscado refugio ante un peligro inimaginable», dijo en un comunicado José Palma, coordinador de la Alianza Nacional de TPS.
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La querella busca proteger a más de un millón de beneficiarios del TPS haitianos y venezolanos. «Me sentí conmocionado y devastado cuando supe que nos iban a retirar el TPS en tan solo una semana. El TPS nos ha dado seguridad. No podemos regresar a Venezuela con seguridad», manifestó un demandante venezolano, que se identifica como E.R. y perdería su protección el próximo 2 de abril si la corte no interviene.
La Alianza TPS se formó tras el primer intento de Trump en 2018 de finalizar este amparo para por lo menos seis países, el cual fue derrotado en un tribunal federal.
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte y el Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Los Ángeles y la Alianza Puente Haitiana.
Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, reiteró que la secretaria Noem «no tiene la facultad de eliminar las protecciones del TPS ni socavar la integridad de un programa autorizado por ley».
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Agencia
