El Gobierno de Venezuela calificó como un «nuevo crimen de agresión» las sanciones anunciadas este jueves por Estados Unidos contra 16 funcionarios del país caribeño, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Parlamento.
En un comunicado, el Ejecutivo venezolano rechazó, en «los términos más enérgicos», este «nuevo crimen de agresión cometido por el Gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela, al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegitimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado».
Entre los sancionados, figuran la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Pedro Infante.
Para el Gobierno, EE.UU. demuestra, «una vez más, su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos».
Sin embargo, prosiguió, «poco se puede esperar de la potencia más hostil y sanguinaria que ha conocido la humanidad, la responsable de millones de asesinatos en el mundo con socios genocidas y un historial de indiferencia por las necesidades de sus propios ciudadanos».
«Rompen y violan los acuerdos firmados en Catar»
Con estas «erróneamente denominadas sanciones, que han sido vergonzosamente promovidas por la extrema derecha fascista», como el chavismo suele referirse a la oposición, «rompen y violan los acuerdos firmados en Catar» entre ambos países americanos.
Asimismo, Caracas expresó que Washington «nuevamente recorrerá el camino del fracaso y será derrotado por la dignidad de Venezuela, que continuará conquistando nuevos logros».
A juicio del Gobierno venezolano, esta «arremetida contra personas que, día a día, defienden la soberanía y la paz de la nación no hace sino ratificar su voluntad de sacrificio y merecerles el reconocimiento de toda la población».
El Departamento del Tesoro sancionó a 16 personas «afines a Maduro», entre ellos a los magistrados Fanny Márquez, Inocencio Figueroa, Malaquías Gil Rodríguez y Juan Hidalgo, así como al fiscal Luis Ernesto Duéñez, quien emitió la solicitud de arresto contra el abanderado de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia.
Asimismo, sancionó al secretario general en funciones del ente electoral, Antonio José Meneses, así como al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), Elio Estrada, a quienes acusa de reprimir a la población.
Bajo estas sanciones, quedan bloqueadas todas sus propiedades y activos personales en la nación norteamericana y se les prohíbe realizar transacciones financieras.
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Agencia
Prensa LOV/CCGuerra
