La CIJ escucha los argumentos presentados por Venezuela sobre los límites fronterizos
La República Bolivariana de Venezuela defiende este miércoles 6 de mayo su soberanía sobre la Guayana Esequiba ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, en Países Bajos.
«El mundo y el pueblo de Venezuela y latinoamericano va a escuchar la verdad de Venezuela y las razones porque el Esequibo es territorio venezolano… veremos que la única vía sigue siendo el acuerdo de ginebra de 1966.» aseveró Yván Gil, canciller venezolano.
La nación suramericana tendrá seis horas para esgrimir sus argumentos ante los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia.
La audiencia oral de Venezuela comenzó con la intervención del agente de la delegación venezolana Samuel Moncada, quien inició la sesión manifestando que la presencia de la delegación busca impedir que Guyana redefina de manera unilateral la naturaleza de la disputa territorial. Moncada aseguró que Venezuela no puede permanecer en silencio ante el intento de Georgetown de transformar fraudulentamente las obligaciones vinculantes entre ambos Estados.
Narrativa errónea y engañosa de Guyana
El diplomático denunció la narrativa errónea y engañosa de Guyana y expuso la configuración jurídica real de los derechos soberanos venezolanos sobre el territorio: «Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente tanto la naturaleza de la controversia territorial como el alcance de las obligaciones que vinculan a Venezuela y a Guyana en virtud del acuerdo de ginebra.»
La Comisión Presidencial para la Defensa de la Guayana Esequiba promovió el Acuerdo de Ginebra como un instrumento esencial de descolonización y como el único instrumento vigente. Los representantes venezolanos señalaron ante los 15 jueces de la CIJ que el Laudo Arbitral de 1899 fortaleció el colonialismo bajo la Doctrina Monroe y carece de validez.
La argumentación venezolana se fundamentó en la nulidad del fallo de 1899, dictado en París mientras Venezuela enfrentaba una desestabilización política. Aquella sentencia despojó al país de 159.000 kilómetros cuadrados sin permitir la presencia de agentes venezolanos, ignorando el principio Uti Possidetis Iuris que ratificaba la soberanía desde 1811.
La defensa recordó que la confabulación política de aquel veredicto fue confirmada en 1949 por el memorándum de Severo Mallet-Prevost, lo que forzó la firma del Acuerdo de Ginebra antes de la independencia de Guyana.
En marco de este escenario, el diputado e historiador venezolano, Juan Romero destacó que la presencia de la delegación de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia este miércoles ocurre en un contexto de empoderamiento popular sin precedentes.
Romero señaló que el conocimiento sobre los derechos soberanos de la Guayana Esequiba dejó de ser un tema exclusivo de expertos para convertirse en una causa nacional, lo que calificó como un pilar fundamental para sostener los alegatos jurídicos y políticos del país.
Derechos históricos
El historiador precisó que la concurrencia de Venezuela a las audiencias orales responde a la protección de derechos históricos, aunque aclaró que esto no implica reconocer la competencia de la CIJ para resolver la disputa. Explicó que Guyana acudió de forma unilateral al tribunal en 2014, rompiendo con el estatuto de la propia corte que exige el consentimiento de ambas partes y vulnerando el Acuerdo de Ginebra de 1966.
«Uno de los grandes logros que tiene la Revolución Bolivariana es eso que tú muy bien has llamado la democratización de la memoria… hoy una jefa de comunidad o un señor que maneja un autobús sabe varios elementos que hace 25 años eran exclusivos de los expertos.» sentenció el historiador Romero.
Asimismo advirtió que la ofensiva legal de Georgetown intenta ocultar la nulidad del Laudo de París de 1899 y los trazados coloniales de la línea Schomburgk, basando su postura en documentos de 1814 y 1835 vinculados a intereses británicos.
Títulos sólidos que se remontan al Tratado de Tordesillas
Además el especialista recordó que Venezuela posee títulos sólidos que se remontan al Tratado de Tordesillas y al principio Uti Possidetis Iuris, («como poseías de acuerdo al derecho, poseerás») los cuales son respaldados por el pueblo venezolano tras el referéndum consultivo de 2023.
«Venezuela en su concurrencia defiende sus derechos históricos, pero su concurrencia no significa que acepte el papel que la Corte Internacional de Justicia tiene. Y no la aceptamos por un capricho… los mismos estatutos de la Corte dicen que deben estar las partes de acuerdo». concluyó el diputado Juan Romero.
La defensa de la soberanía nacional se realiza en dos bloques horarios, el primer bloque de 10 de la mañana a una de la tarde, el segundo bloque de 3 a 6 de la tarde hora local. reafirmando que la pretensión de Guyana de validar el despojo del siglo XIX constituye un intento por volver al colonialismo imperial.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
