Venezuela rechazó las sanciones anunciadas este martes por Canadá -que calificó como «medidas extorsivas»– contra cinco funcionarios del país caribeño, entre ellos, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez, a la vez que llamó «peón disminuido» de Estados Unidos al Gobierno de Justin Trudeau.
«Venezuela rechaza de manera contundente las medidas extorsivas en contra de funcionarios venezolanos que pretende imponer el Gobierno de Canadá, una acción que confirma, una vez más, su papel servil como esclavo de los intereses imperiales de Estados Unidos», dijo el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro en un comunicado.
Además de Rodríguez, Canadá sancionó a Juan Carlos Hidalgo Pandares, juez del TSJ; Rosalba Gil, rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE); Edward Miguel Briceño Cisneros, juez; y Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal, por «socavar la democracia» en el país caribeño, que vive una crisis política tras los comicios de julio.
A juicio de Caracas, estas acciones «ilegales» son «un intento fallido de presionar a Venezuela, demostrando la humillación y el descrédito internacional del Gobierno canadiense, que se reduce a actuar como un peón disminuido y subordinado» a Washington.
Asimismo, expresó que, mientras Canadá «se arrodilla ante las órdenes» de EE.UU, Venezuela «se mantiene firme, soberana e inquebrantable, defendiendo la voluntad del pueblo venezolano y el Estado de derecho, sin atender a chantajes externos ni injerencias vergonzosas».
La ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, declaró que su nación «no se quedará quieta mientras el régimen de Maduro sigue ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano».
Para la ministra canadiense, es necesario que los venezolanos negocien una solución pacífica a la crisis, y aseguró que Canadá está lista para trabajar con la región para apoyar ese diálogo.
«Pero también estamos preparados para usar las herramientas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, para imponer costes a los que buscan evitar la expresión total de los derechos democráticos venezolanos», añadió.
Las sanciones congelan los posibles activos que los individuos tengan en Canadá y prohíben que personas y entidades radicadas en el país norteamericano, o canadienses en el extranjero, mantengan relaciones económicas con los sancionados.
Previamente, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció ante la comunidad internacional estas medidas hostiles e inamistosas del régimen canadiense contra el país, las cuales vulneran, además, el principio del debido proceso y el derecho a la defensa. Son acciones sancionatorias de un régimen absoluta y vergonzosamente subordinado a los intereses del imperio estadounidense .
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Agencia
Prensa LOV/CCGuerra
