Venezuela y nueve países sugieren reactivar debate de migraciones en la Celac

Este viernes fue publicada la Declaración de la Reunión sobre Movilidad Humana en la ruta Norte del continente, celebrada los días 16 y 17 de enero en Ciudad de México con autoridades de diez países de la región americana, en la que se sugiere, entre otras consideraciones, el interés común de la reactivación de los encuentros sobre migración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con miras a tener un espacio amplio de discusión de propuestas de los diferentes organismos y mecanismos internacionales que atienden el tema de la migración.

El texto de la declaración fue divulgado por el viceministro venezolano para América Latina, Rander Peña, quien expresó, en este encuentro, el absoluto respaldo del presidente Nicolás Maduro Moros a la implementación de los «acuerdos de Palenque», y el compromiso que, desde Venezuela, «estamos listos para recibir a cada venezolano y venezolana que, lesionados por las sanciones económicas, se vieron obligados a migrar. Lo hemos dicho: Que se levanten de manera inmediata y sin condiciones las criminales sanciones sobre mi país, y allí cada compatriota volverá a casa».

Contra la coerción unilateral y criminal

La reunión de las Migraciones que se desarrolló en la capital mexicana con ministros, viceministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela aprobó el texto del documento, donde se refrendó el compromiso compartido de promover vías para una migración segura, ordenada y regular entre nuestros países y otras naciones del continente.

Destacaron, especialmente, que son contrarias a la ley internacional las medidas coercitivas unilaterales que afectan negativamente a poblaciones enteras. Instaron a su levantamiento inmediato.

Además, advirtieron la grave preocupación de los anuncios de “deportación masiva” de migrantes y la criminalización de las personas que emigran, especialmente “por su incompatibilidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y por no abordar de modo eficaz las causas estructurales de la migración”.

A continuación, el texto íntegro:

Declaración-reunión sobre movilidad humana en la ruta norte del continente

Las y los ministros, viceministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela:

Reconocemos la importancia del diálogo constructivo y respetuoso entre países para una mejor gestión de los flujos migratorios y sus desafíos.
Hacemos un llamado a todos los países del hemisferio a conducirse con apego al derecho internacional, a los derechos humanos y a las propias legislaciones internas en la gestión de la movilidad humana con un enfoque humanista, particularmente ante la amenaza de deportaciones masivas.
Nos solidarizamos con las personas que se ven obligadas a abandonar sus comunidades de origen, con la convicción de que la migración debe ser una opción y no una necesidad.
Reafirmamos que todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos fundamentales e inalienables, y que todos los Estados están obligados a respetarlos, protegerlos y a procurar adoptar medidas para su plena realización.
Nos comprometemos a defender los derechos humanos de todas las personas migrantes, a rechazar su criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio y a protegerlas prioritariamente de la delincuencia transnacional organizada que se lucra de la migración, así como de medidas que las coloquen en situación de vulnerabilidad y de otros factores de riesgo. Intensificaremos la cooperación intergubernamental y el intercambio de información y buenas prácticas en materia consular, y lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas migrantes.
Reafirmamos nuestro interés en sugerir la reactivación de las reuniones sobre migración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con miras a tener un espacio amplio de discusión de propuestas de los diferentes organismos y mecanismos internacionales que atienden el tema de la migración. Ello facilitará la identificación de sinergias y complementariedades entre las diferentes iniciativas, con el fin de promover una mayor coherencia y articulación entre ellas, y apoyar el fortalecimiento de sus respectivas agendas.
Guiados por el principio de responsabilidad compartida, redoblaremos esfuerzos nacionales y la cooperación entre gobiernos, sociedad civil, sector privado, países de destino, organismos internacionales, banca internacional de desarrollo y otros socios, para atender las causas estructurales del fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe. Comprendemos que los esfuerzos comunes hacia el desarrollo sostenible, así como el combate a la pobreza y el hambre, y la reducción de las brechas de desigualdad social, promueven el bienestar social.
Refrendamos nuestro compromiso de promover vías para una migración segura, ordenada y regular entre nuestros países y otros países del continente.
Destacamos que los factores externos, como las medidas coercitivas unilaterales, afectan negativamente a poblaciones enteras y, en mayor medida, a las personas y comunidades más vulnerables. Instamos a su levantamiento, en tanto son contrarias al derecho internacional y tienen graves repercusiones sociales más allá de los países a los que se imponen.
Son motivo de grave preocupación los anuncios de deportación masiva, sobre todo por su incompatibilidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y por no abordar de modo eficaz las causas estructurales de la migración.
Reiteramos nuestra intención de ampliar las vías regulares de movilidad laboral, y hacemos un llamado a otros países a hacerlo. Estamos convencidos de que ello contribuye a la prosperidad compartida de nuestros pueblos y de la región en su conjunto, y por eso trabajamos hacia la integración socioeconómica sostenible de las personas migrantes, a la luz de sus importantes aportaciones a los países y comunidades de destino.
Reconocemos la necesidad de lograr una gestión humana y responsable de los flujos migratorios irregulares. Esta gestión debe comprender políticas y medidas para fortalecer progresivamente los sistemas migratorios y de protección internacional, en los casos que proceda; brindar asistencia y servicios básicos para personas en movilidad; intercambiar información sobre las características y rutas de tales flujos; así como recurrir a mecanismos de retorno voluntario y asistido de manera digna, ordenada, respetuosa de los derechos humanos y con atención a la reinserción que permita a las personas contar con oportunidades de bienestar en sus comunidades de origen.
Refrendamos nuestro firme apoyo a la estabilidad de la República de Haití y a contribuir decididamente, conforme a las capacidades de cada país, a apoyarla en sus esfuerzos, junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas en particular, para restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social, con un enfoque de desarrollo sostenible.
Mantendremos estrecha comunicación para evaluar los avances hacia estos objetivos y atender con prioridad las situaciones que ameriten nuestra mayor atención.