Washington revoca licencia para financiar la representación legal de Maduro y Cilia
Washington revocó sin explicación la licencia que permitía a Venezuela financiar la representación legal de la pareja presidencial.
En el ínterin la defensa destaca por su parte, que el argumento central es que Washington viola de forma activa la Sexta Enmienda y el derecho al debido proceso, garantizados a todo acusado en suelo estadounidense.
El abogado Barry J. Pollack presentó el jueves ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, bajo el expediente S4 11-CR-205 (AKH), un memorial de derecho en apoyo a la moción para desestimar todos los cargos contra el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.
«Si la interferencia de la OFAC con la capacidad del Sr. Maduro para financiar su defensa persiste, los abogados que suscriben no podrán permanecer en el caso, ni Maduro podrá ser representado por ningún otro abogado contratado”, advierte por su parte la defensa.
También, en ese caso, el tribunal “necesitaría nombrar abogados y trasladar el costo de la defensa de Maduro a los contribuyentes de los Estados Unidos, a pesar de la disposición y obligación del Gobierno de Venezuela de pagar los costos”, una circunstancia que haría que “cualquier veredicto en contra de Maduro sería constitucionalmente cuestionable”.
Por ello, refiere la defensa, Maduro solicita, de conformidad con la Regla 12(b) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, desestimar la cuarta acusación sustitutiva en su contra”.
Cabe destacar que la legislación venezolana establece la obligación del Estado de cubrir los gastos legales de su presidente, quien declaró bajo juramento carecer de recursos personales para su propia defensa.
Vale la pena recordar, que el propio Maduro, el pasado mes de febrero declaró bajo juramento carecer de recursos propios para su defensa.
La argumentación descansa sobre jurisprudencia federal precisa.
Igualmente el Segundo Circuito estableció en United States v. Stein (2008) que el Gobierno no puede interferir con el pago de honorarios por terceros sin violar la Sexta Enmienda.
Entre tanto, la expectativa de Maduro de recibir ese financiamiento constituye, según esa doctrina, un derecho de propiedad legalmente protegido. Lo que hace más difícil de sostener la postura de Washington es que la misma agencia responsable del bloqueo tomó, en paralelo, decisiones que apuntan en sentido contrario.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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