El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, evitó este jueves declarar en el interrogatorio ante las autoridades, durante la segunda jornada bajo detención en el marco de la investigación sobre si cometió un delito de insurrección con su fugaz declaración de la ley marcial.
Yoon, quien fue arrestado en la víspera tras un largo asedio de las autoridades a su residencia, donde permanecía atrincherado y protegido por el servicio de seguridad presidencial (PSS) desde que fue destituido por el Parlamento nacional a mediados del mes pasado, continuó así negándose a cooperar con los investigadores.
La segunda jornada de detención y de interrogatorios infructuosos a Yoon por parte de la oficina anticorrupción tuvo lugar el mismo día en que el Tribunal Constitucional procedió con la segunda audiencia formal del procedimiento paralelo en el que se decidirá si su destitución es o no definitiva.
Detenido pero sin declarar
A comienzos de la jornada, el equipo legal de Yoon notificó a la oficina anticorrupción que encabeza la investigación que el mandatario no iba a asistir a la primera sesión de interrogatorios del día por motivos de salud, aplazándose esta a una hora posterior del jueves.
El líder conservador tampoco quiso presentarse a esta nueva sesión. «El presidente Yoon no se encuentra bien y ayer explicó completamente su postura, así que no hay nada más por lo que deba ser interrogado», dijo el abogado Yun Gap-geun en declaraciones hoy a la agencia de noticias Yonhap.
El mandatario también había rechazado hablar con las autoridades en la víspera, primera jornada en la que estuvo bajo detención y en la que pasó la noche en el Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, cerca de las instalaciones de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO).
Oficiales de este organismo buscan obtener respuestas de Yoon con un cuestionario que ocupa más de 200 páginas, y contemplan ahora forzar su comparecencia ante los investigadores, para lo cual están haciendo las comprobaciones legales necesarias, según indicaron en declaraciones a los medios.
Mientras Yoon evitaba presentarse en la sede de la CIO y permanecía detenido en Uiwang, simpatizantes del presidente se manifestaron en torno a las instalaciones de la oficina anticorrupción.
Yoon y sus abogados han cuestionado la legalidad de la orden de detención bajo la cual fue arrestado en la víspera, y han presentado un recurso sobre la misma ante un tribunal de Seúl.
El mandatario está bajo investigación de la CIO, la policía y otros organismos por un supuesto delito de insurrección ligado a su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, el único al que no es inmune un presidente surcoreano, así como por abuso de poder.
La oficina anticorrupción tiene 48 horas para interrogar a Yoon desde su detención a las 10:33 hora local del pasado miércoles, y puede solicitar una orden para prolongar la detención hasta 20 días.
En caso de ser declarado culpable de insurrección, el líder conservador, al que se ha prohibido salir del país, podría afrontar una cadena perpetua o incluso la pena capital, aunque sobre esta última existe una moratoria en el país desde hace casi 40 años.
El Constitucional sigue con su juicio en ausencia de Yoon
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur, por su parte, decidió proceder este jueves con la segunda vista oral del juicio sobre la destitución del presidente, pese a su incapacidad para personarse a declarar tras ser detenido en la víspera.
La corte rechazó posponer la vista, tal y como habían solicitado los abogados de Yoon, que parecen estar tratando de bloquear las diligencias abiertas en su contra por todos los medios.
Yoon ya se saltó la primera vista del juicio el pasado martes, mientras permanecía refugiado en su residencia antes de ser arrestado.
Pese a haber sido suspendido de sus funciones por parte de la Asamblea Nacional, Yoon permanece de facto al frente del país mientras el Constitucional delibera sobe su inhabilitación, y es el primer presidente de la historia surcoreana en ser detenido mientras está en el cargo.
El Constitucional tiene de plazo hasta el próximo mes de junio para determinar si se mantiene la destitución o se le restituyen sus funciones.
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Agencia
Prensa LOV/CCGuerra
