«En las últimas 24 horas, cerca de 250 personas, obligadas a huir de sus hogares, han llegado a las ciudades de Cúcuta y Ocaña en el nororiente de Colombia», denunció el 24 de diciembre el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en un comunicado en el que alertó de la posibilidad de que el número aumente en los próximos días, basado en los testimonios de los desplazados, que hablan de miles de personas confinadas en la región del Catatumbo.
Cientos de personas tuvieron que huir de sus casas en la víspera de Navidad, mientras otras se mantienen confinadas por enfrentamientos entre la guerrilla colombiana del ELN, la más longeva del hemisferio, y disidencias de las extintas FARC, el grupo armado que se desmovilizó mayoritariamente en 2017.
Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en Colombia, describió que «cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan ayuda humanitaria urgente», antes de advertir de que «en los próximos días el número de personas podría incrementarse”.
EL NRC detalló que las personas desplazadas provienen de los municipios de El Tarra y Tibú. En este último, definió la situación como «especialmente preocupante» debido a las denuncias verbalizadas por la población afectada sobre un riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas en el corregimiento de Pachelly.
«Es vital que el Estado confirme la alerta de la población y garantice su asistencia y protección en el municipio», exhortó el NRC, aunque el Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre esta situación, después del reporte del órgano noruego.
La Defensoría del Pueblo había alertado el lunes 22 de diciembre de 11 familias desplazadas que habían llegado a Cúcuta por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo. En una publicación en X, la entidad hizo un llamado a una desescalada de las hostilidades, «más ahora en una época en que las familias deberían tener algo de paz».
La entidad pidió a los municipios receptores de la población desplazada garantizar alojamiento temporal, acceso a alimentación y acompañamiento psicosocial.
La alcaldía de Cúcuta emitió un comunicado el 24 de diciembre en el que expresó su preocupación porque la asistencia a las víctimas de desplazamiento «vuelva a recaer de manera desproporcionada sobre los municipios receptores», recordando lo ocurrido a inicios de este año, cuando un recrudecimiento del conflicto provocó la huida de miles.
De las familias desplazadas en esta Navidad, unas 54 (cerca de 200 personas) llegaron al municipio de Cúcuta, la capital de Norte de Santander, mientras que 11 hogares buscaron refugio en Ocaña, la segunda ciudad más poblada del departamento, según cifras de ambos municipios.
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Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, añadió el 23 de diciembre que el agravamiento de los enfrentamientos en el Catatumbo «evidencia por qué los ceses al fuego anunciados por el ELN, así como por las disidencias del Frente 33 son muy insuficientes, pues no se extienden a las hostilidades que se desarrollan entre estos dos grupos».
A finales de diciembre, tanto el ELN como el Frente 33 de las disidencias anunciaron ceses al fuego unilaterales. La guerrilla declaró una tregua desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero de 2026, mientras que las disidencias anunciaron un cese «indefinido» de acciones ofensivas contra la fuerza pública.
Ambos justificaron sus decisiones apelando a la necesidad de que «las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada».
Región en disputa
Norte de Santander vive desde mediados de enero de 2025 una grave crisis humanitaria por la guerra declarada por el ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control territorial y de las economías ilícitas en esa parte del país.
Debido al conflicto, ha muerto cerca de un centenar de personas y miles de campesinos han abandonado sus tierras, muchos de los cuales no han podido volver dado que la violencia persiste.
El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región rica en recursos naturales, disputada por grupos guerrilleros y paramilitares, lo que ha repercutido en altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.
Al menos 200.000 personas han sido afectadas por el escalamiento del conflicto en estos municipios, según un informe de 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), lo que, según el Consejo noruego, significa que «más de la mitad de la población que habita en estos territorios habría sido afectada por el conflicto armado» este año.
Desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC, la región ha registrado 111 eventos de desplazamiento, con más de 65.000 víctimas, según el Sistema de Información de CODHES.
CODHES, la organización local que monitorea los desplazamientos forzosos, calificó el fenómeno en Catatumbo como un «crimen de lesa humanidad».
A una escala mayor, el NRC advirtió en noviembre de que Colombia alberga 1,3 millones de desplazados por el conflicto, situándola entre los tres países con mayor número de desplazados internos en el mundo, tras Sudán y Siria.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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