"Es un Colegio de Ricos" Habla la madre del niño agredido en La U.E.I.A. Josep John Thomson

Mariela Otero y Augusto Cárdenas, padres y periodistas, denunciaron presuntos hechos de bullying, exclusión y falta de atención institucional en perjuicio de su hijo de diez años, estudiante del Colegio Bilingüe U.E.I.A. Josep John Thomson. Según relataron este martes en horas de la noche en una entrevista con la abogada Lorena Beatriz Vargas Hernández, Defensora internacional de Derechos Humanos, pese a las gestiones realizadas ante el plantel y distintos organismos públicos, no han recibido una respuesta que consideren adecuada, respetuosa y orientada a proteger al niño.

Los padres explicaron que, tras realizar un importante esfuerzo económico, lograron cubrir la matrícula y las mensualidades necesarias para que su hijo estudiara en la institución. El menor incluso obtuvo un reconocimiento en una competencia escolar. Sin embargo, aseguran que, paralelamente, comenzó a enfrentar agresiones y burlas por parte de otro estudiante.

De acuerdo con el testimonio de la familia, los hechos incluyeron comentarios ofensivos sobre las partes íntimas del niño y la participación de otros alumnos convocados para exponerlo y ridiculizarlo. Para Otero y Cárdenas, estas conductas constituyen un caso grave de acoso escolar que debía activar de inmediato los protocolos de protección establecidos para niños, niñas y adolescentes.

Los periodistas afirmaron que acudieron al colegio para informar formalmente lo ocurrido y solicitar medidas.

No obstante, sostienen que la respuesta de las autoridades educativas no fue efectiva. También denunciaron que la institución se habría negado a proporcionarles la identidad completa de los padres del presunto agresor, de quien únicamente conocen los apellidos “Aguada Flores”.

El caso fue llevado a instancias legales y, según la familia, actualmente reposa en la Fiscalía 33. Los padres señalaron que, en lugar de recibir acompañamiento institucional, se les habría sugerido cambiar a su hijo de colegio y trasladarlo a un plantel “mucho más económico”, bajo el argumento de que allí tendría un lugar.

Esta recomendación generó indignación en la familia, que considera que el derecho a la educación y a la protección no puede estar condicionado por la capacidad económica de los padres. Otero y Cárdenas sostienen que nunca han solicitado un trato preferencial por su condición de periodistas, sino una atención digna y el cumplimiento de las obligaciones legales frente a un posible caso de violencia escolar.

La situación se complicó, según relataron, por la existencia de una morosidad en la colegiatura.

Los padres presumen que este factor pudo influir en la forma en que el colegio manejó el caso y en la actitud asumida hacia ellos. Sin embargo, subrayan que cualquier diferencia administrativa no puede justificar la desprotección de un niño ni interferir con la investigación de una denuncia de acoso.

La familia también acudió al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde —según su versión— les respondieron: “El caso se cerró, déjenlo así”. Asimismo, aseguran no haber obtenido respuestas satisfactorias de la Zona Educativa ni de la defensoría de la zona escolar, por lo que decidieron acudir al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Otero relató además que, durante el proceso, recibió comentarios que consideró humillantes y ajenos a la gravedad de la denuncia. “Señora Otero, no se desgaste, se ve muy mal, se ve que no come”, habría sido una de las expresiones dirigidas hacia ella. Para la periodista, este tipo de señalamientos desvía la atención del problema central: la protección de su hijo y la investigación de los hechos denunciados.

Uno de los principales obstáculos para los padres ha sido la imposibilidad de establecer contacto con los representantes del niño señalado como agresor. La familia considera que, al no facilitarse esa comunicación y no ofrecerse información clara sobre las medidas adoptadas, se estaría protegiendo tanto al estudiante como a sus padres.

Un comunicado muy precario

El colegio emitió un comunicado sobre el caso, pero los periodistas lo calificaron de “precario” e insuficiente. A su juicio, el pronunciamiento no explicó de manera clara qué ocurrió, qué medidas fueron adoptadas ni cómo se garantizaría la seguridad emocional y física del menor. También cuestionaron que la institución no haya presentado públicamente un protocolo de actuación frente a conductas que, de comprobarse, podrían constituir acoso escolar.

El caso vuelve a poner en debate la responsabilidad de los centros educativos y de las instituciones públicas frente al bullying. Organizaciones especializadas han advertido que estas situaciones no deben minimizarse, especialmente cuando involucran humillaciones reiteradas, exposición pública y posibles daños psicológicos.

Mientras avanzan las diligencias, los padres esperan que la Fiscalía y los organismos competentes investiguen los hechos con imparcialidad, determinen responsabilidades y establezcan medidas de protección para el niño. También solicitan que se evalúe la actuación del colegio y de las autoridades que, según denuncian, no respondieron oportunamente.

La presunción de la familia es que el dinero y la posición social pudieron influir en el manejo del caso. No obstante, corresponderá a las autoridades determinar si existieron omisiones, encubrimiento o trato desigual. Lo que sí está claro, sostienen los padres, es que ningún niño debe ser marginado, humillado o expuesto sin que los adultos responsables actúen para detener la violencia.