El ejército colombiano anunció el miércoles el inicio de «operaciones ofensivas» en una región fronteriza con Venezuela tras una arremetida de la guerrilla del ELN en la zona que desde la semana pasada deja unos 80 muertos y más de 36.000 desplazados.
«Hemos utilizado la artillería. Estamos adelantando operaciones ofensivas, pero también operaciones para controlar los corredores de movilidad y llevarle seguridad a las personas que están en los centros urbanos» cercanos al municipio de Tibú, declaró la noche del miércoles el general general Eric Rodríguez, jefe de operaciones del Ejército.
El ELN emprendió el 16 de enero en la región limítrofe del Catatumbo una operación contra la población civil y disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, en el más grave estallido de violencia en el país durante la última década.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró desde la ciudad de Cúcuta, donde se concentran la mayoría de desplazados, que el gobierno del mandatario izquierdista Gustavo Petro «ha tomado la decisión de pasar a la ofensiva no solamente en el tema militar, de seguridad, sino también en (…) la transformación del territorio».
Petro anunció el lunes que decretaría un «estado de conmoción interior» para afrontar la crisis.
Desde este miércoles, más de 30 cabecillas del ELN, entre ellos los máximos jefes «Pablo Beltrán», «Antonio García» y «Gabino», vuelven a ser prófugos de la justicia luego de que la fiscalía reactivara las órdenes de captura en su contra, que el ente persecutor había levantado entre 2022 y 2023 como parte de las negociaciones de paz, ahora suspendidas por decisión del mandatario.
– Niños desplazados –
La cantidad de desplazados en los últimos seis días es inédita desde que las FARC dejaron las armas. La mayor parte de ellos se concentran en estadios y otros escenarios deportivos en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, y Ocaña.
Hasta esta población llegó la indígena wayúu Zilenia Pana, de 48 años, huyendo junto con sus pequeños hijos de 8 y 13.
Cuando los enfrentamientos se intensificaron en una zona rural de El Tarra, apenas pudo empacar un poco de ropa en una bolsa y escapó.
«Rezamos para que todo se calme, para volver a nuestros ranchos (casas) con nuestros hijos, con la familia. Eso es lo que queremos y lo que le pedimos a esa gente (los guerrilleros) de corazón», dijo a la AFP en un albergue.
Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal que protege los derechos de los menores (ICBF), aseguró a la AFP que entre el 35% y el 40% de los desplazados son niños y adolescentes.
Además, «pueden existir» menores de edad entre los fallecidos, aseguró.
El Ministerio de Defensa dio parte de más de 5.500 personas confinadas en sus hogares. Autoridades del Catatumbo no han podido hacer recorridos ante la presencia de combatientes de la organización de extrema izquierda en carreteras.
– «Incumplimiento» –
La fiscalía considera que la arremetida de los rebeldes de inspiración guevarista supone un «incumplimiento de las condiciones para la suspensión» de las órdenes judiciales en su contra.
En agosto de 2022, pocos días después de asumir el poder, el presidente Petro pidió al ente acusador suspender las órdenes de captura contra 18 líderes del ELN, entre ellos el principal negociador de paz Pablo Beltrán.
Un segundo grupo de cabecillas, incluido el comandante militar Antonio García, se benefició de la misma medida en 2023.
La reanudación de las negociaciones es una incógnita. Tampoco es clara la ubicación de los jefes del ELN, que asistieron a algunos de los ciclos de negociaciones celebrados en La Habana y Caracas.
– «Control brutal» –
El enviado especial de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, declaró el miércoles ante el Consejo de Seguridad en Nueva York que «el vacío de la presencia estatal» en zonas remotas facilita el «control territorial y social».
«No debemos desfallecer, no debemos renunciar a la paz», expresó a la prensa el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo en la sede de Naciones Unidas tras la reunión del Consejo.
La violencia tiene en jaque la apuesta del gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados de Colombia, bautizada como la «paz total».
La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, aseguró en una declaración enviada a medios el miércoles que «la crisis del Catatumbo debería ser un llamado de atención para la administración de Petro», cuya propuesta aunada a la «falta de políticas eficaces de seguridad y justicia, han permitido a los grupos armados expandir su presencia y su control brutal» en comunidades rurales del país.
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Prensa LOV/CCGuerra
