El Departamento de Estado de EE. UU. revocó las visas del presidente palestino, Mahmud Abbas, y de otros 80 funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) antes de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, programada para inicios de septiembre. Esta decisión, calificada por la Autoridad Palestina como una violación del derecho internacional, plantea interrogantes sobre los compromisos de Estados Unidos como país anfitrión de esa reunión y su impacto en el proceso de paz en Medio Oriente.
El veto al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a otros 80 funcionarios palestinos en Estados Unidos es un movimiento del secretario de Estado, Marco Rubio. Desde que lo anunció, el 29 de agosto, ha desatado controversia y cuestionamientos legales.
En entrevista con France 24, Marina Lacalle, doctora en Ciencia Política, afirmó que Estados Unidos está obligado por el Acuerdo de Sede de 1947, que regula sus responsabilidades como anfitrión de la Asamblea de la ONU, a permitir el acceso de sus miembros y funcionarios.
“Estados Unidos no le puede negar el visado a ninguna autoridad de los países que son miembros y que van a hacer parte de esa Asamblea”, afirmó Lacalle.
Este acuerdo establece que el país anfitrión debe garantizar el acceso a los representantes de los Estados miembros y observadores, que incluye a los funcionarios palestinos, para participar en las actividades de la ONU.
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La decisión de Rubio, por tanto, podría contravenir este compromiso internacional, que trasciende las políticas internas de Estados Unidos.
La Autoridad Palestina expresó su “profundo pesar y asombro” por la medida, argumentando que viola tanto el derecho internacional como el Acuerdo de Sede.
“El Estado de Palestina, como miembro observador de Naciones Unidas, tiene derecho a estar representado en la Asamblea General”, señaló un comunicado oficial.
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, también manifestó su preocupación y anunció que el organismo buscará una aclaración del Departamento de Estado de Estados Unidos, destacando la importancia de que todos los miembros y observadores puedan participar plenamente de la Asamblea General de la ONU.
EE. UU. endurece su política hacia los palestinos
La revocación de visas se produce en un contexto de crecientes tensiones entre la administración Trump y la Autoridad Palestina.
El Departamento de Estado de EE. UU. justificó la medida alegando que es “en el interés de la seguridad nacional” exigir responsabilidades a la Autoridad Palestina y a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) por “no cumplir con sus compromisos y socavar las perspectivas de paz”.
Según el comunicado oficial, los grupos palestinos deben “repudiar consistentemente el terrorismo” y cesar la incitación en el ámbito educativo —es decir: eliminar las ideas que fomenten la violencia o el terrorismo en escuelas, universidades u otros espacios educativos—, en línea con las exigencias de la legislación estadounidense.
Esta acción se suma a otras medidas recientes del presidente estadounidense, Donald Trump, como la suspensión desde el 26 de agoto del programa humanitario que permitía a niños palestinos heridos de la Franja de Gaza recibir tratamiento médico urgente en Estados Unidos, decisión tomada tras críticas de sectores conservadores en redes sociales.
Además, el Departamento de Estado ha restringido nuevas solicitudes de visas de funcionarios vinculados a la Organización para la Liberación de Palestina, lo que refuerza la percepción de una política de endurecimiento hacia los palestinos.
“Estados Unidos traba la paz en Medio Oriente”
La medida no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas. Mahmud Abbas tenía previsto liderar la delegación palestina en la Asamblea General y participar en una reunión de alto nivel el 22 de septiembre, copresidida por Francia y Arabia Saudita, para discutir la solución de dos Estados, que busca la coexistencia de Israel y una Palestina independiente.
La exclusión de Abbas y otros funcionarios podría dificultar los esfuerzos diplomáticos, justo cuando el conflicto en Medio Oriente, intensificado por la declaración de la ciudad más grande de Gaza como zona de combate por parte de Israel, necesita un diálogo que incluya a todas las partes.
“Esto es una traba para poder solucionar el conflicto en Medio Oriente”, subrayó la experta Lacalle, quien destacó que el derecho internacional debe prevalecer sobre las decisiones unilaterales de política interna.
La negativa de visas podría interpretarse como un intento de marginar a la representación palestina en un foro global determinante, lo que podría socavar la legitimidad de Estados Unidos como mediador imparcial para lograr el fin de la guerra en la Franja de Gaza.
Alternativas para garantizar la participación palestina
A pesar de las restricciones, existen opciones para asegurar la participación de los funcionarios palestinos en la Asamblea General.
El Departamento de Estado ha confirmado que los representantes asignados a la misión palestina ante la ONU en Nueva York recibirán exenciones bajo el Acuerdo de Sede, lo que les permitirá continuar sus operaciones. Sin embargo, esta excepción no incluye a Abbas ni a los 80 funcionarios afectados, lo que limita la representación de alto nivel.
Una opción sería que la ONU facilite la participación virtual de los funcionarios palestinos, como se hizo durante la pandemia de COVID-19, aunque esto podría reducir su impacto político y simbólico. Otra posibilidad es que países aliados, como Francia o Arabia Saudita, ejerzan presión diplomática para que Estados Unidos reconsidere su decisión, invocando el Acuerdo de Sede.
Además, la Autoridad Palestina podría recurrir a instancias internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, para denunciar la violación de sus derechos como miembro observador de la ONU.
Esta revocación de visas es un precedente preocupante que genera dudas sobre la legitimidad del sistema multilateral y la posibilidad de avanzar hacia una solución justa y duradera en la región del Medio Oriente.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
