Fiscal General de Perú hace estragos contra la Corrupción
El fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, abrió el pasado domingo, una investigación al presidente Pedro Castillo, acusado de organizar una conspiración criminal, tráfico de influencias y conspiración agravada.
En su cuenta en Twitter, la fiscalía explicó que la investigación al mandatario forma parte de una investigación «iniciada inicialmente contra el ex ministro Juan Silva y seis congresistas» y que fue ampliada «tras un análisis técnico-jurídico debido a la gravedad y seriedad de los cargos».
El ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, quien renunció al cargo el 28 de febrero, está acusado desde principios de mayo, de presunta colusión y contra la paz pública en la modalidad de organización criminal contra el Estado en el llamado caso del Puente Tarata.
La fiscalía investiga la posible corrupción en el proceso de licitación de este proyecto público, en el que la Inspección General encontró irregularidades en el proceso de licitación.
La decisión de Sánchez, que fue publicada a través de la cuenta de Twitter de la institución, señala que «se garantizará al Presidente el pleno ejercicio del derecho a la defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política».
Según un comunicado de la fiscalía obtenido por CNN, que implica a Castillo en la investigación, el presidente:
«Ha sido identificado en las investigaciones fiscales realizadas por los fiscales provinciales como jefe de una organización criminal que ha cometido graves delitos contra la administración pública y está enquistada en las más altas esferas del aparato estatal.»
Con la declaración del fiscal, Pedro Castillo se convierte en el primer presidente en funciones de Perú en ser investigado.
Alcalde de la municipalidad de Masín
Este miércoles, la Novena Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Áncash, a cargo del fiscal Robert Rojas Ascón, logró la prisión preventiva por nueve meses, contra Pablo Malvaseda Ortega.
Pablo Malvaseda, es alcalde de la municipalidad de Masín (Áncash), por el presunto delito de peculado tras la aprobación en el 2019 de la ejecución del proyecto «Mantenimiento de parques y jardines en la municipalidad de Masín – Áncash» a un costo de 445. 326 dólares.
El proyecto era de administración directa, aunque originalmente se ejecutó bajo un «contrato» para el que se presupuestaron 121 mil dólares.
La investigación reveló que el proyecto no se incluyó, ni en el preámbulo del presupuesto de la agencia (PIA) ni en la enmienda presupuestaria de la agencia (PIM), por lo que no se notificó al consejo municipal, para que lo considerara, priorizara y aprobara, y según el testimonio recogido de los miembros, el proyecto nunca se ejecutó.
La investigación también reveló que estos servicios -fueron realizados por 46 empleados-, algunos de los cuales eran supuestamente residentes del barrio y estaban en nómina.
Sin embargo, resultó que nunca habían realizado estos servicios, por lo que se sospecha que el objetivo de estas actuaciones era ajustar las arcas municipales.
También, se impusieron medidas preventivas al ex administrador municipal Miguel Casán González, al ex tesorero Rommel Ferro Espinoza y al representante de INCORPA S.A.C. Peñafort Jaimes Sánchez.
Además, se ordenó que el ex director municipal Arturo Salgado Ramírez y la representante de Argroconstructora H&J S.R.L. Vilma Selina Jaimes Armas comparecieran ante el tribunal con restricciones, reseña un diario Local.
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Prensa LOV/CCGuerra
