¡Revés para Trump! Un juez rechaza levantar el bloqueo a deportaciones

Este lunes 24 de marzo, un juez denegó la solicitud de su Gobierno de dejar sin efecto una prohibición temporal a las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.

La normativa, invocada por el mandatario para acelerar las expulsiones de quienes asegura forman parte del grupo criminal Tren de Aragua, es una medida de tiempos de guerra poco utilizada en el país que Trump reactivó a principios de este mes.

Revés para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su política de deportaciones masivas.

Un juez negó este 24 de marzo la solicitud del Gobierno de levantar una prohibición temporal, impuesta a principios de este mes, a las deportaciones masivas mediante la Ley de Enemigos Extranjeros.

Se trata de un recurso que no había sido aplicado desde la Segunda Guerra Mundial y que el mandatario invocó este mes para acelerar las deportaciones de decenas de personas que asegura forman parte del grupo criminal Tren de Aragua.

Bajo esa medida, decenas de presuntos delincuentes han sido expulsados por Washington hacia una cárcel de alta seguridad en El Salvador.

Sin embargo, el Gobierno venezolano señaló la semana pasada que ninguno de los deportados formaba parte de la banda delictiva, como aseguró el ministro del Interior de ese país, Diosdado Cabello, el pasado 21 de marzo. Además, diversos familiares han señalado que sus seres queridos han sido trasladados hacia el país centroamericano y señalados solo por poseer algún tatuaje.

Justamente, este lunes, el mandatario cuestionó la imparcialidad del juez federal que bloqueó sus planes de deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador.

Poco después de la medianoche, el líder de la Casa Blanca publicó un mensaje en redes sociales pidiendo la inhabilitación del juez James Boasberg. Trump republicó un artículo sobre la asistencia de Boasberg a una conferencia legal en la que supuestamente participaron «oradores anti-Trump».

Pese a la decisión del magistrado, el Departamento de Justicia informó este 24 de marzo que declaró a tres miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua como «enemigos extranjeros» y que planea extraditarlos a Chile.

Prevenir deportaciones erróneas: razones del juez para mantener el bloqueo

La negativa del magistrado sobre anular o no su orden original llegó antes de una audiencia en la corte de apelaciones para el caso. Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Asimismo, el juez también que existe «un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas con base en categorías que no tienen derecho a impugnar».

«El público también tiene un interés significativo en que el Gobierno cumpla con la ley«, escribió el juez.

No obstante, Boasberg aún no ha decidido qué forma debería adoptar la impugnación.

Migrantes venezolanos expulsados deben tener una audiencia judicial

La prensa local destacó que el juez señaló que los migrantes venezolanos expulsados por la Administración Trump a El Salvador la semana pasada deben tener una audiencia judicial antes de sus deportaciones para determinar si pertenecen o no a la pandilla Tren de Aragua.

La controversia en torno a esta medida ha aumentado luego de que se conociera que los vuelos ya estaban en el aire el pasado 15 de marzo cuando Boasberg acordó prohibir temporalmente las deportaciones y ordenó que los aviones regresaran a Estados Unidos con los expulsados, orden que no fue cumplida por el Gobierno que apeló la decisión.

Ahora está previsto que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia escuchen los argumentos de los abogados.

¿En qué consiste la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump?

La ley permite la deportación de extranjeros sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o un tribunal federal. Trump emitió una proclamación que califica a la pandilla Tren de Aragua de fuerza invasora.

Los abogados del Gobierno argumentaron en un expediente judicial que la orden de Boasberg constituía una «intrusión sin precedentes en la autoridad del Ejecutivo para expulsar a extranjeros peligrosos que representan graves amenazas para el pueblo estadounidense».

«Incluso si fuera revisable, la acción del presidente es legal y se basa en un largo historial de uso de la autoridad de guerra contra organizaciones vinculadas a estados extranjeros y en decisiones de seguridad nacional, que no están sujetas a segundas indagaciones judiciales», escribieron.

Los abogados de derechos civiles que demandaron para detener las deportaciones afirmaron que las «implicaciones de la postura del Gobierno son asombrosas».

“Si el Presidente puede designar a cualquier grupo como extranjero enemigo bajo la Ley, y dicha designación es irrevisable, entonces no hay límite para quienes pueden ser enviados a una prisión salvadoreña, ni límite para su permanencia allí”, enfatizaron.

Durante una audiencia el viernes 21 de marzo, Boasberg se comprometió a determinar si el Gobierno desacató su orden oral desde el estrado de hacer que al menos dos aviones regresaran. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha declarado que las instrucciones orales del juez no cuentan, que solo debe seguirse su orden escrita y que no puede aplicarse a vuelos que ya han salido de EE. UU.

Trump y algunos de sus aliados republicanos han pedido el impeachment de Boasberg, quien fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama. En una declaración poco común, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, afirmó que “el impeachment no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial”.

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