El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, pidió este jueves que «paguen con cárcel» y «con inhabilitaciones» políticas para ejercer cargos públicos de elección popular aquellas personas que han promovido sanciones contra el país caribeño.
«Exhortamos, querido fiscal, a que se aplique (esta ley) y paguen con carcél», agregó el diputado durante una sesión del Legislativo.
«Que caiga sobre ellos todo el peso (…) de las leyes que hemos aprobado hasta ahora», dijo Rodríguez, quien hizo un «pequeño recordatorio» al fiscal general, Tarek William Saab, de la existencia de la ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar’, aprobada por el Legislativo en noviembre del año pasado.
Previamente, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, acusó a los opositores María Corina Machado, Juan Guaidó, Leopoldo López, Antonio Ledezma y Julio Borges, así como al partido Voluntad Popular (VP), de haber celebrado el fin de la licencia, por orden del Gobierno de Donald Trump, que permitía a la empresa estadounidense Chevron operar en Venezuela.
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El martes, luego de que Washington anunciara que Chevron tiene hasta el 3 de abril para poner fin a sus operaciones en el país caribeño, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, culpó al «lobby del extremismo», en referencia al antichavismo, de esa medida.
Además, anunció el lanzamiento del denominado ‘Plan Independencia Productiva Absoluta’, con el propósito -explicó la también titular de Hidrocarburos- de que la industria petrolera y la economía en general venezolana «siga su recuperación».
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La salida de la empresa supone un revés económico para Venezuela, ya que había contribuido a la reactivación de la producción petrolera de este país, que en enero pasado superó por primera vez el millón de barriles por día (bpd) desde junio de 2019, según cifras oficiales difundidas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
A finales de febrero, Trump ya había anunciado que pondría fin a las licencias, criticando al gobierno de Maduro por no haber acelerado las deportaciones de migrantes indocumentados en EE.UU. al «ritmo rápido» que Washington esperaba.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Agencia
