El Concejo Municipal de Doral dio luz verde el miércoles por unanimidad al departamento de policía local para otorgar a sus oficiales poderes de aplicación de la ley de inmigración como parte de un acuerdo con el gobierno federal.
El concejo, compuesto por inmigrantes o hijos de inmigrantes, aprobó una resolución que autoriza a la ciudad a asociarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a través de un programa federal conocido como 287(g).
Doral se une a Coral Gables, Hialeah, West Miami y Miami Springs como el último municipio de Miami-Dade en alinearse con la agenda migratoria de línea dura de la administración Trump. El 70% de la población de Doral es de origen extranjero, y los venezolanos representan más de un tercio de los residentes.
Aunque todavía no se ha firmado un acuerdo formal con ICE, la resolución representa un paso significativo hacia una cooperación más estrecha con autoridades migratorias federales, con posibles implicaciones importantes para la numerosa comunidad inmigrante de la ciudad.
Las autoridades locales argumentan que la resolución cumple con la ley estatal de Florida. Sin embargo, aunque la ley estatal exige que los operadores de cárceles del condado se unan al programa 287(g), no existe un mandato explícito para que las ciudades lo hagan.
De hecho, la ciudad de South Miami pidió a un juez que aclarara si los gobiernos municipales están obligados o no a unirse al programa, ante la presión del gobernador Ron DeSantis.
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga —una funcionaria republicana con vínculos con la administración Trump— reconoció que entrar en este acuerdo fue un dilema moral para la ciudad. Señaló a los medios antes de que el concejo votara en la resolución que la ciudad no tiene los recursos para hacer cumplir la ley migratoria y que no es su responsabilidad.
“Fuimos los primeros en alzar la voz por los residentes que han venido a contribuir positivamente a esta comunidad, y sabemos que son la mayoría,” dijo Fraga. “Y puedo asegurarles que nuestro departamento de policía está aquí para servir a todos los residentes de esta comunidad.”
Durante la votación, Fraga aclaró que la resolución solo autoriza al departamento legal de la ciudad a iniciar una carta de entendimiento con ICE, no el memorando formal de entendimiento.
La resolución especifica que cualquier acuerdo deberá cumplir con la ley estatal y mantenerse dentro del presupuesto municipal. “Nuestro trabajo es seguir alzando la voz por aquellos que sabemos que están aquí para hacer lo correcto, que siguen la ley, que vienen a aportar y a ser miembros productivos de nuestra sociedad,” añadió Fraga.
El jefe de la Policía de Doral, Edwin López, dijo al concejo que hasta el momento su departamento no ha recibido ninguna solicitud para colaborar en tareas de aplicación de leyes migratorias. “El enfoque principal de nuestros oficiales durante las interacciones con el público no es cuestionar el estatus migratorio de las personas.
Nuestra misión es servir y proteger a todos los miembros de esta comunidad, sin importar su estatus migratorio,” dijo López. “Sin embargo, durante investigaciones —especialmente aquellas que involucran delitos graves— si descubrimos que una persona está ilegalmente en el país, eso podría conllevar cargos adicionales.”
En 2012, la administración de Obama eliminó el “modelo de fuerza de tareas” del programa 287(g) debido a casos de perfil racial y discriminación en estados como Arizona y Carolina del Norte. Trump revivió el programa, y desde febrero más de 100 agencias en Florida han firmado acuerdos bajo este modelo. Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que el programa puede promover prácticas policiales discriminatorias e ilegales.
El concejal Rafael Pineyro, nacido en Venezuela, afirmó que no cree que nadie deba ser juzgado por su apariencia. “Me aseguraré de que nuestros colegas y nuestro departamento de policía sigan actuando con dignidad y respetando los derechos de todos en nuestra comunidad,” dijo en el concejo.
“No estamos proponiendo esto, simplemente seguimos la ley. Pero al mismo tiempo, debemos garantizar que se haga de la manera correcta. Esto no es un cheque en blanco para el estado de Florida.” La presión política del gobernador DeSantis y del fiscal general James Uthmeier ha sido una constante sobre los gobiernos locales.
En Fort Myers, por ejemplo, inicialmente rechazaron un acuerdo similar con ICE, pero se vieron obligados a aceptarlo tras amenazas del fiscal, quien advirtió que debían cumplir con las leyes anti-“ciudades santuario” o enfrentar la suspensión de sus funciones.
Esta semana, Uthmeier también emitió una advertencia al alcalde de Orlando, Buddy Dyer, por presuntamente apoyar políticas de “ciudad santuario,” ahora prohibidas por la ley estatal. Dyer respondió que ni él ni el Departamento de Policía de Orlando tienen intención de violar las leyes estatales o federales.
El abogado de la ciudad de Doral, Lorenzo Cobiella, señaló que aunque las opiniones del fiscal general sobre el programa 287(g) no son legalmente vinculantes, sí son influyentes. “La mayoría de los gobiernos locales tienden a seguir esa línea,” dijo.
Dada esa interpretación legal, Cobiella recomendó que el concejo aprobara la resolución, enfatizando la presión estatal. “Todos tenemos familias que vienen de lugares con mucho sufrimiento e incertidumbre,” dijo.
“Sin embargo, todos juramos defender la ley. Y en este caso, nuestra discreción es muy limitada — el estado está exigiendo ciertas acciones, y si no cumplimos, se nos amenaza con sanciones penales.”
Recientemente, funcionarios de Doral viajaron a Tallahassee para solicitar más de $2.7 millones en fondos para su departamento de policía, incluyendo $1.5 millones para una unidad móvil, $500.000 para cubrir horas extras relacionadas con visitas del presidente a su resort Trump National Doral, y $700.000 para la compra de drones.
Según dijeron al Miami Herald, como los fondos provienen del estado, les recomendaron estar en cumplimiento con el acuerdo con ICE antes de la aprobación. La vicealcaldesa Maureen Porras, abogada de inmigración nacida en Nicaragua, dijo que ha ejercido en jurisdicciones donde ya existen estos acuerdos, y aseguró que no cree que la policía de Doral vaya a incurrir en violaciones a los derechos de debido proceso o comportamientos discriminatorios.
Reconoció que existe presión política, y dijo que si la ciudad no firmaba el acuerdo, “los iban a perjudicar.”
Resistencia de residentes y activistas Residentes de Doral y defensores de los derechos de los inmigrantes acudieron el miércoles por la mañana a expresar su oposición. Señalaron preocupaciones sobre perfil racial y el efecto que este programa puede tener en la comunidad venezolana, la más numerosa de los Estados Unidos en una sola ciudad.
Algunos dijeron temer que el programa socave la confianza comunitaria en la policía y que las víctimas eviten llamar a las autoridades por miedo.
“Esto no es solo una política. Es una puerta al miedo, la separación familiar y el perfil racial en una ciudad que prospera gracias al coraje y la resiliencia de los inmigrantes,” dijo Zohra Khorashi, abogada e hija de inmigrantes.
Laura Kelley, residente de Doral desde hace años y presidenta del Partido Demócrata de Miami-Dade, dijo que el acuerdo podría exponer a la ciudad a costosos litigios y rechazo público.
Los defensores de los inmigrantes dicen que comunidades como Doral, donde muchos recién llegados de Venezuela y otros países se han establecido, serán las más afectadas. Más de 30.000 residentes son venezolanos.
Muchos están en un limbo legal o bajo protección temporal contra la deportación, incluidos solicitantes de asilo, beneficiarios de TPS y personas que ingresaron con permisos humanitarios establecidos por la administración Biden.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, dijo que este acuerdo pone en riesgo la vida de miles de personas.
“Muchos huyeron de la persecución política. No solo buscan oportunidades, buscan sobrevivir. Ahora esta ciudad corre el riesgo de convertirse en un lugar de miedo,” afirmó.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Agencia
