El Niño amenaza con agravar la crisis eléctrica en Venezuela
Periodistas, científicos y organizaciones especializadas llevan años advirtiendo sobre los efectos del cambio climático y del fenómeno de El Niño. Sequías más prolongadas, escasez de agua, inseguridad alimentaria, incendios forestales y daños en la infraestructura forman parte de un escenario que ya no puede ser considerado una posibilidad lejana. El fenómeno es real, existe y sus consecuencias comienzan a sentirse con mayor intensidad en distintos países de América Latina.
Según cifras del Climate Impact Lab, el planeta podría enfrentar durante los próximos meses un aumento aproximado de 1,2 grados centígrados respecto a los niveles habituales de temperatura registrados en la Tierra. De acuerdo con proyecciones científicas, Brasil, Venezuela y Colombia se encuentran entre los países más afectados de la región por la influencia de El Niño.
El incremento de las temperaturas y la reducción de las lluvias pueden generar una presión adicional sobre los sistemas de abastecimiento de agua y la generación de electricidad. En países donde buena parte de la energía depende de los embalses y de la disponibilidad de agua, una temporada seca más intensa puede traducirse en racionamientos, interrupciones del servicio y dificultades para atender la demanda de hogares, comercios e industrias.
La situación también impacta la producción de alimentos. La falta de lluvias altera los ciclos agrícolas, reduce el rendimiento de los cultivos y eleva el riesgo de pérdidas para los productores. A esto se suman el aumento de los precios, la disminución de la oferta y mayores dificultades para las comunidades rurales, especialmente aquellas que dependen directamente de la agricultura y la ganadería.
Pese a las advertencias de expertos, todavía hay sectores que prefieren negar la existencia del fenómeno o reducirlo a una disputa política. Otros reaccionan únicamente desde la rabia y el resentimiento acumulados tras años de división. Sin embargo, el clima no distingue ideologías, partidos ni fronteras. La sequía afecta por igual a quienes piensan distinto y la falta de electricidad perjudica a toda la población.
Desde LaOtraVersión hacemos un llamado al sentido común y a la responsabilidad ciudadana.
Protestar es un derecho y una herramienta legítima para exigir respuestas, denunciar problemas y reclamar soluciones. Pero cualquier manifestación debe desarrollarse sin destruir bienes públicos ni poner en riesgo la vida de otras personas.
La quema o destrucción de una autopista, una avenida, un puente, una estación eléctrica o cualquier infraestructura de uso colectivo no resuelve la crisis. Por el contrario, agrava los problemas existentes. Si se daña una vía, miles de ciudadanos tendrán dificultades para trasladarse; si se afecta una instalación eléctrica, aumentan las posibilidades de interrupciones del servicio; y si se destruyen sistemas de distribución de agua, la población queda aún más expuesta.
El caso de las autopistas resulta particularmente preocupante.
El fuego deteriora el pavimento, afecta las estructuras, reduce la visibilidad y puede ocasionar accidentes. Además, el humo contamina el aire y perjudica a personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores. La reparación de estos daños requiere recursos públicos que podrían destinarse a la atención de hospitales, escuelas, sistemas de agua o programas de prevención frente a la sequía.
La indignación ciudadana puede ser comprensible, especialmente cuando existen problemas acumulados y respuestas insuficientes por parte de las autoridades. No obstante, convertir la protesta en destrucción termina perjudicando a la misma comunidad que exige soluciones. Una sociedad que enfrenta una emergencia climática necesita organización, presión ciudadana y vigilancia pública, pero también debe proteger los servicios y bienes que resultan indispensables para todos.
El desafío exige medidas concretas.
Las autoridades deben informar con transparencia sobre los niveles de los embalses, los planes de racionamiento, la disponibilidad de agua y las acciones previstas para enfrentar los meses más secos. También es necesario fortalecer la prevención de incendios, garantizar el mantenimiento de la infraestructura y establecer protocolos de atención para las comunidades más vulnerables.
Los ciudadanos, por su parte, pueden contribuir mediante el uso responsable del agua y la electricidad, la denuncia de incendios provocados, la prevención de quemas y la participación en iniciativas comunitarias. La emergencia climática no se enfrenta con negación ni con violencia, sino con información, coordinación y responsabilidad.
El Niño no es una narrativa política ni una invención de un país determinado.
Es un fenómeno climático estudiado por organismos científicos internacionales y sus efectos ya se observan en distintas partes del mundo. Ignorarlo solo reduce el tiempo disponible para prepararse.
La protesta puede y debe continuar cuando sea necesario, pero sin destruir lo que pertenece a todos. No tiene sentido reclamar electricidad y, al mismo tiempo, dañar la infraestructura que permite generarla o distribuirla. Tampoco resulta lógico exigir mejores servicios mientras se destruyen las vías utilizadas diariamente por la población.
El país enfrenta una combinación de riesgos que demanda madurez.
Si a la sequía, el calor extremo y la escasez de agua se suma la destrucción de los bienes públicos, la crisis será todavía más profunda. Defender la protesta pacífica y proteger la infraestructura no son posiciones contradictorias: ambas son necesarias para exigir soluciones sin condenar a la sociedad a nuevos problemas.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
