Protesta por fallas eléctricas termina con quema de neumáticos en la autopista 1 de Maracaibo
La noche de este jueves, un grupo de ciudadanos salió a las calles para manifestar su descontento ante las persistentes restricciones del servicio eléctrico que afectan a Maracaibo y a distintas zonas del estado Zulia. La protesta se concentró en la autopista número 1, donde fueron incendiados neumáticos y otros objetos, generando interrupciones en el tránsito y preocupación entre los conductores.
La acción ocurrió en medio de la frustración de los marabinos, quienes enfrentan apagones y racionamientos que complican sus actividades cotidianas, afectan el comercio, dificultan la movilidad y ponen en riesgo la conservación de alimentos y medicamentos. La crisis eléctrica no es exclusiva del Zulia: diversas regiones del país también han reportado fallas y restricciones en el suministro.
La protesta no debe perjudicar los bienes públicos
Aunque la protesta constituye un derecho reconocido por la Constitución, especialistas y ciudadanos han advertido que las manifestaciones no deben convertirse en acciones que perjudiquen los bienes públicos ni afecten a la propia comunidad. La quema de cauchos sobre una carretera puede ocasionar daños significativos en la capa asfáltica, debido a las altas temperaturas y a los compuestos químicos liberados durante la combustión.
El calor generado por un neumático en llamas puede deteriorar la superficie de la vía, provocar fisuras, deformaciones y pérdida de resistencia del pavimento. En algunos casos, el daño puede extenderse a capas más profundas de la carretera, lo que obliga a realizar trabajos de rehabilitación costosos y prolongados. Además, el humo reduce la visibilidad, incrementa el riesgo de accidentes y puede afectar la salud de quienes se encuentran en las cercanías.
La autopista número 1 había sido objeto de trabajos de recuperación luego de permanecer durante mucho tiempo en condiciones que dificultaban el tránsito. Por esa razón, el deterioro provocado por nuevas acciones vandálicas representa un retroceso para los habitantes de la ciudad, quienes dependen de esta vía para trasladarse entre distintos sectores.
Bienes colectivos
Más allá de la interrupción momentánea, los daños ocasionados a la infraestructura pública terminan siendo asumidos por la misma población. La carretera no pertenece a una empresa privada ni a un funcionario en particular: forma parte de los bienes colectivos que deben ser preservados para garantizar el derecho a la movilidad. Cada reparación implica recursos, tiempo y esfuerzos que podrían destinarse a otras necesidades de la ciudad.
Los ciudadanos que protestan por las fallas eléctricas no son responsables de la crisis ni representan a la empresa estatal encargada del suministro. Sin embargo, al destruir una vialidad, terminan afectando a sus propios vecinos y a todos quienes utilizan diariamente esa ruta. Conductores del transporte público, trabajadores, estudiantes, comerciantes y servicios de emergencia pueden verse perjudicados por el cierre de la vía o por el deterioro de su superficie.
La inconformidad de los marabinos es legítima y requiere respuestas claras por parte de las autoridades competentes.
La empresa encargada del servicio eléctrico debe informar sobre las causas de las interrupciones, los planes de mantenimiento, los horarios de racionamiento y las medidas previstas para mejorar la prestación. También corresponde a los organismos gubernamentales atender las denuncias de los usuarios y establecer mecanismos de comunicación eficaces con las comunidades.
No obstante, reclamar soluciones no implica destruir los espacios que pertenecen a todos los ciudadanos.
Existen formas de protesta que pueden generar presión pública sin causar daños irreparables: concentraciones pacíficas, asambleas comunitarias, entrega de documentos, campañas de denuncia, recorridos organizados, vigilias y manifestaciones previamente coordinadas. Estas acciones permiten visibilizar el problema y exigir respuestas, al tiempo que protegen la infraestructura y reducen los riesgos para terceros.
La protesta social pierde parte de su propósito cuando termina afectando a las mismas personas que busca defender.
La desesperación provocada por los apagones es comprensible, pero no debe llevar a decisiones que empeoren las condiciones de vida en la ciudad. Antes de incendiar una calle o una autopista, es necesario considerar que su reparación podría tardar meses y depender de recursos que no siempre están disponibles.
Los marabinos comparten la misma frustración y viven en una ciudad con necesidades urgentes.
Por ello, las acciones de reclamo deben orientarse contra quienes tienen la responsabilidad de resolver la crisis, sin destruir los bienes que utiliza la comunidad. La exigencia de un servicio eléctrico estable debe mantenerse, pero acompañada de responsabilidad ciudadana y respeto por los espacios públicos.
Arruinar la vialidad no acelera la recuperación del SEN
La presión social puede ser efectiva cuando se ejerce con argumentos, coordinación y objetivos claros. Dañar la autopista no acelera la solución del servicio eléctrico nacional; por el contrario, agrega otro problema a una ciudad que ya enfrenta suficientes dificultades. La infraestructura pertenece a todos y protegerla también es una forma de defender los derechos de los marabinos.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
