El Gobierno ecuatoriano subió de precio al combustible y el movimiento indígena prendió la mecha. Entre «95 y 96» personas han sido detenidas en cinco días de protestas, según declaró el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberd, cuando el país vive este 26 de septiembre una nueva jornada de bloqueos por el paro nacional. Algunos de los arrestados están acusados de «terrorismo», mientras que diversas organizaciones de derechos humanos denuncian decenas de casos de violencia policial y detenciones arbitrarias.
Este viernes 26 de septiembre, los focos de las manifestaciones se mantienen ardientes en Imbabura (sierra norte), Cotokpaxi (sierra sur), y la provincia de Pichincha, más otros núcleos en Quito y Guayaquil, donde rechazan a la eliminación del subsidio al diésel, anunciado recientemente por el Gobierno de Daniel Noboa y otros reclamos sociales, denuncian decenas de casos de violencia policial y detenciones arbitrarias.
A medida que aumentan las detenciones, crecen también las denuncias contra la fuerza pública por presuntas actuaciones violentas y procedimientos irregulares. La Alianza por los Derechos Humanos ya contabiliza 42 personas heridas, una de ellas con graves lesiones los ojos.
- «¡Nuestros pueblos no son zonas de guerra, exigimos respeto y dignidad!»
Además, la entidad registró al menos 70 vulneraciones a los derechos humanos: 21 reportes de vulneración del derecho a la protesta y la resistencia, 19 afectaciones contra la integridad personal, 17 ataques a la libertad personal, cuatro violaciones a la libertad de expresión y una al derecho a la intimidad.
El organismo llama la atención sobre un caso de intercepción de comunicaciones, lo que, concluye la entidad, «evidencia la aplicación de la ley de inteligencia para la persecución de líderes sociales».
Durante toda la mañana de este viernes, la Conaie ha compartido vídeos en los que se muestra manifestantes heridos y soldados disparando al aire y lanzando gases lacrimógenos. En las imagenes se aprecian casquillos de munición y ciudadanos sangrando en el rostro.
«¡Nuestros pueblos no son zonas de guerra, exigimos respeto y dignidad!», ha condenado la red, que agrupa a 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas ecuatorianos.
En la misma línea, la Universidad de Cuenca denunció este viernes por escrito una «desproporcionada represión policial» contra un grupo de estudiantes que convocó un plantón pacífico frente de la Gobernación de Azuay.
Denuncian que los videos muestran que los uniformados utilizaron sus motos para dispersar a la multitud. «Los registros audiovisuales evidencian con claridad estos actos injustificables de violencia», lamentó la institución educativa, antes de pedir al Gobierno local sanciones para los agentes implicados.
Durante este 26 de septiembre, más movimientos indígenas se unieron al paro, como las comunidades de la amazónica provincia de Napo. El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en seis de los 140 distritos del país.
¿Detenciones arbitrarias o captura de “terroristas”?
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, difundió en la madrugada de este viernes un vídeo en el que habló directamente a los manifestantes. «El paro continúa de manera progresiva. Invitamos a todos los pueblos y sectores de Ecuador. Condenamos la prepotencia del Gobierno nacional. Hoy nuestros hermanos están encarcelados y han sido trasladados a otras provincias», aseguró en un mensaje publicado en redes sociales.
En la provincia de Imbabura —epicentro de las concentraciones—, un juez envió a prisión preventiva a 12 de los 13 detenidos por «terrorismo» el miércoles en Otavalo, donde el ataque a una comisaria dejó vehículos calcinados, daños a la dependencia policial y agresiones a dos uniformados.
El Ministerio del Interior afirmó que los detenidos tenían antecedentes penales, pero el portal de verificación de información ‘Lupa Media’ contrastó que al menos 11 de esas personas carecen de historial judicial. Sobre las otras dos personas, de origen venezolano, el portal afirma que no es posible determinar los antecedentes al no estar abiertos al público.
El titular de la cartera del Interior, John Reimberg, sugirió, sin revelar ninguna prueba, que entre los detenidos en Otavalo hay dos miembros del grupo venezolano Tren de Aragua.
El presidente Noboa reaccionó a esta información al publicar en X: “Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua. No es lucha, no es protesta… son las mismas mafias de siempre, a las cuales les somos incómodos”.
Prisión preventiva en medio de motines
La red de pueblos indígenas exigió al Gobierno la libertad de los detenidos por las protestas y denunció que una decena de ellos fueron trasladados recluidos a cárceles «peligrosas», como la prisión de Esmeraldas, donde ayer se registró un motín carcelario entre tres bandas criminales que terminó en la masacre de 17 personas, algunos desmembrados y baleados.
«Responsabilizamos directamente al Gobierno de Daniel Noboa por estos hechos que criminalizan la protesta social y colocan en riesgo inminente la vida e integridad de nuestros comuneros y compañeros», señaló la Conaie en un comunicado.
Noboa desvincula las protestas con el fin del subsidio al combustible. Para el presidente, son un mecanismo de la oposición para socavar su Gobierno. «Los violentos buscan desestabilizar con inseguridad y violencia», señaló este viernes desde Tungurahua.
“Se esconden detrás de protestas, pero temen a la voluntad popular. Rechazan la consulta popular, porque nosotros buscamos darle el poder al pueblo para que escoja su futuro”, añadió el presidente, quien ha impulsado una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución, para reemplazar a la de 2008, redactada bajo la administración de Rafael Correa.
Guerra de ondas
Mientras los manifestantes bloquean las arterias de Ecuador, el Gobierno los bloquea a ellos del espectro electromagnético. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), controlada por el Ejecutivo de Noboa, suspendió la señal del canal del Movimiento indígena de Cotopaxi (MICC), bajo el argumento de evitar desórdenes públicos.
Entretanto, Conaie denunció que la Superintendencia de Bancos ordenó bloquear las cuentas bancarias de su entidad, presuntamente bajo órdenes de la Presidencia.
Para la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, estas medidas apuntan a «desalentar la labor de liderazgos sociales y exigibilidad de derechos».
El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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