Tareck El Aissami y 63 más enfrentan la justicia por desfalco a Pdvsa

La última sesión del juicio por el desfalco a la industria estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ocurrió el pasado miércoles 29 de abril entre la 1:37 pm y 9:40 pm. Ese día, los 64 acusados fueron trasladados en horas de la mañana hasta el piso 6 del Palacio de Justicia de Caracas, para que tuvieran un momento a solas con sus abogados públicos o privados.

Esa sesión era la número cinco del juicio iniciado el lunes 20 de abril pasado.

Seguía en el derecho de palabra Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez, accionista junto con sus hermanos de una empresa constructora que realizó trabajos para Pdvsa. Perdomo ya había iniciado su prolongada exposición (alrededor de siete horas) en la sesión anterior celebrada el lunes 27 de abril pasado, donde exhibió documentos para decir cómo se habían iniciado en el negocio de la construcción.

Al concluir su presentación, el Ministerio Público le formuló preguntas.

‘’¿Cómo hacían ustedes para obtener cupos en la Corporación Venezolana de Cementos durante los años 2018, 2019?’’, inquirió el fiscal Eddy Alberto Rodríguez Bencomo. “Realizando las solicitudes”, respondió Perdomo. Para la fecha indicada por el fiscal, la Corporación Venezolana de Cemento era dirigida por Antonio Pérez Suárez, quien posteriormente fue designado vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa. Ahora Perdomo y Pérez se encuentran en una misma sala siendo enjuiciados por el detectado desfalco a Pdvsa.

‘’¿Cumplió con los compromisos adquiridos con Pdvsa?’’, fue otra de las preguntas que formuló el Fiscal al representante de la constructora conocida por las siglas HP (Hermanos Perdomo). Rafael respondió que sí cumplieron: en el año 2020 con la construcción del muelle de Guaraguao, ubicado en Puerto La Cruz (Anzoátegui). También dijo haber cumplido con el asfaltado de 70 kilómetros de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro entre Plaza Venezuela y Caricuao. Terminada la exposición y preguntas de fiscalía, la jueza Alejandra Romero Castillo suspendió y convocó para este lunes 4 de mayo.

Esa dinámica de debate es la que ha transcurrido desde el lunes 20 de abril cuando comenzó el juicio por el desfalco a Pdvsa, según testigos.

Ese mismo lunes 20 de abril pasado, le dijeron a los 64 acusados que contactaran a sus abogados de confianza para que los juramentaran en el Palacio de Justicia de Caracas porque iniciaría el juicio. En el día, los abogados privados estuvieron prestando juramento, formalidad que los legitima para entrar a las audiencias, introducir escritos y solicitar diligencias de investigación, entre otras misiones destinadas al acompañamiento de sus clientes.

Entre los acusados figuran los exministros Tarek El Aissami (Petróleo), Simón Zerpa (Finanzas) y Hugbel Roa (Educación). Ellos y otros 61 acusados se encontraban a las 9:32 de la noche de ese lunes sentados en un amplio salón del piso 6 del Palacio de Justicia de Caracas, donde se constituyó el Tribunal 3.° de Juicio con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada, a cargo de la jueza Romero Castillo.

Después de haberse recitado el motivo de la sesión, pronunciando a viva voz el número del expediente, la jueza le dio la palabra al fiscal Rodríguez Bencomo, para que expusiera por qué el Ministerio Público solicitó enjuiciar a esas 64 personas presentes en la sala, por traición a la patria, entre otros, que comporta una pena de 30 años.

La trama.

El fiscal tomó en sus manos una de las piezas del expediente abierto por ellos en el año 2023, signado con la nomenclatura MP-55864-2023 y comenzó a exponer partes de la investigación que en su momento el entonces fiscal general, Tarek William Saab lo denominó “Trama de corrupción Pdvsa-Cripto”.

“La presente investigación tuvo su génesis en fecha 17 de marzo de 2023 en el marco de la lucha implacable contra la corrupción emprendida por el Gobierno Bolivariano en todos los ámbitos de la vida nacional… Se procedió a verificar a un grupo de ciudadanos en ejercicio de cargos públicos que. violando el sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos, legitimación de capitales y otros delitos de delincuencia organizada por determinar’’, dice la letra del documento de acusación, expuesto por el fiscal en la sesión de apertura del juicio.

La investigación del Ministerio Público, que data del año 2023, logró detectar una red de corrupción conformada por funcionarios públicos que, valiéndose de sus cargos y niveles de autoridad procedieron a ejecutar “operaciones petroleras paralelas a través de la asignación de cargas de crudo por parte de Pdvsa, a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacript) y a particulares sin ningún tipo de control administrativo ni garantías”.

Como jefe de esa estructura criminal, la fiscalía identificó a Pérez Suárez, designado vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa el 28 de febrero de 2020, según Gaceta Oficial 6.512.

Es así que entre el 2020 y 2022, Pdvsa asignó a dedo cargas de crudo cuyas ventas no fueron reportadas como ingresos a la empresa estatal, según informe de auditoría preliminar que evaluó “la legalidad, sinceridad y exactitud de los volúmenes de crudo y residuales facturados por la a vicepresidencia ejecutiva de Comercio y Suministro”.

La auditoría reveló que Pérez Suárez realizó asignaciones “que permitieron que terceros se apropiaran de manera deliberada de los recursos del Estado venezolano, dejando una deuda aproximada por cobrar en la industria de $5.030.977.263,79’’. La cifra se asemeja a los recursos que posee Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, según reveló la presidenta (e) Delcy Rodríguez el 21 de abril pasado.

La exposición del fiscal Rodríguez en la sesión de apertura del juicio siguió la línea argumentativa de los hechos narrados en el documento de acusación. Allí refieren la existencia de una especie de comando central de la estructura delincuencial que operó dentro de Pdvsa.

Otros directivos de Pdvsa formaban parte del mando central de la red, según las investigaciones: José Agustín Ramos (entonces presidente de Pdvsa Puertos); Yamil Alejandro Martínez; Odoardo José Bordones; Heinrich Biundo; Jesús Enrique Salazar (adscritos a la Vicepresidencia de Comercio y Suministro); Jackeline Perico y José Lima Cedeño (directivos de la Faja Petrolífera del Orinoco). Se añaden a esa estructura, altos funcionarios de la Sunacrip, encabezados por su jefe Joselit Ramírez.

Los derechos de palabra

Una pieza clave en la red de corrupción detectada por la fiscalía era el entonces diputado Hugbel Roa, quien es catalogado como el enlace entre los operadores financieros y Pérez Suárez. Los operadores financieros se encargaban de incorporar al “torrente financiero” los recursos provenientes de las ventas irregulares del petróleo.
Una de esas operadoras financieras era Johana Torres, quien poseía contrataciones con Pdvsa y se encargaba de manejar los bienes de Hugbel Roa, que incluían aeronaves, embarcaciones, entre otros.
Precisamente, en la cuarta sesión del juicio por el desfalco a Pdvsa, celebrada el pasado lunes 27 de abril, tomó la palabra Hugbel Roa, quien dijo que su encarcelamiento se debía a una retaliación por parte del Ministerio Público, debido a que desde la Asamblea Nacional se investigaban denuncias sobre cobro de vacunas a petroleros de Anzoátegui.
En esa misma sesión del lunes 27 de abril, habló Ysmel Serrano, quien dijo que los hechos investigados ocurrieron luego de que salió del cargo de vicepresidente de Comercio y Suministro en Pdvsa.
En la quinta sesión del juicio, convocada para este lunes 4 de mayo, se espera que los acusados sigan tomando la palabra si así lo desean. Hasta ahora el exministro El Aissami no ha ejercido su derecho a intervenir.