El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, presentó varios elementos de convicción que vinculan a Rocío del Carmen San Miguel Sosa con la conspiración denominada Brazalete Blanco.
En rueda de prensa desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal en el país destacó los pormenores de la citada trama, cuyos involucrados planificaron un ataque contra la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero, ambos ubicados en Táchira.
En este sentido, Saab mencionó que el fin de estas acciones era hacerse con el parque de armas de este cuerpo, así como atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal e iniciar una escalada violenta hasta cometer un magnicidio contra el Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros.
De acuerdo con el Fiscal General, los ejecutores calcularon que el parque de armas que iban a capturar consistía en 482 fusiles AK-103, 51 pistolas y 10 escopetas.
Refirió que en este caso fue clave la detención del terrorista Anyelo Heredia, lo que permitió develar quienes estaban involucrados con esos hechos.
Recordó que Heredia había sido detenido por el intento volar con explosivos la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y recluido en la cárcel de Ramo Verde, lugar del cual se fugó en el año 2017.
Tras su fuga estuvo como refugiado en Estados Unidos, país desde donde lanzó ofensas contra autoridades venezolanas, par nuevamente ser detenido ingresando a Venezuela para iniciar participar de la operación Brazalete Blanco.
El Fiscal explicó que por este caso han sido privadas de libertad 15 personas, otras cuatro quedaron con medida cautelar y hay 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.
Vinculación de San Miguel
El Fiscal General señaló que en esta trama aparece vinculada Rocío San Miguel, debido a que al momento de la detención de Heredia las pesquisas encontraron que entre sus contactos telefónicos aparecía la antes citada.
“Por qué aparece como contacto telefónico de coordinación en la agenda telefónica de un terrorista como Anyelo Heredia la ciudadana Rocío San Miguel”, se preguntó Saab.
Indicó que entre los primeros detenidos de la citada operación militar estuvo el oficial Guillermo Enrique César Siero, en cuya residencia se encontró un documento militar conocido como «orden de operación», en el cual se especificaban todas las acciones que se iban a desarrollar en la operación Brazalete Blanco y sus responsables, “en la que aparece explícitamente Rocío San Miguel como responsable de algunas actividades”.
Sobre este particular, mostró el documento en que se especifica que San Miguel será la intermediaria para realizar los enlaces necesarios con los medios de comunicación digital, con el fin de comunicar los resultados de la operación.
El mismo documento, en otro apartado menciona que San Miguel, será la encargada de “coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación”.
Afinidad comunicacional con la población militar
Asimismo, se encargaría de crear una afinidad comunicacional con la población militar a fin de lograr el apoyo, y coordinar con organismos internacionales para a través de la ONG Control Ciudadano asegurar los derechos humanos de todos los militares involucrados en la operación; así como promoverla, ante la Cruz Roja Internacional, para evitar ataques aéreos o bombardeos en contra de los participantes.
“Nadie podrá referir que a partir de ahí, el Estado venezolano no podía comenzar una investigación. Por eso se actuó en consecuencia. ¿El Estado debe bajar la guardia y dejar que ocurran estas operaciones para bañar de sangre al país?”, reflexionó el titular de la acción penal.
Calificó como delicado que una Organización no Gubernamental (ONG) se encuentre vinculada a organismos internacionales para presuntamente “proteger” a quienes practiquen acciones terroristas.
En este sentido, se preguntó si Rocío San Miguel sería una defensora de los derechos humanos. Sobre este tema destacó que la Organización de Naciones Unidas exige que todas las acciones de los defensores de los derechos humanos deban ser pacíficas.
“Por esto, es absolutamente incompatible que un defensor de los derechos humanos participe y se vea involucrado en acciones donde esté planeado asaltar cuarteles e iniciar acciones magnicidas en contra del Estado Venezolano”, expresó Saab.
Elementos comprometedores
Durante la rueda de prensa, el titular de la acción penal señaló que en el allanamiento de su vivienda se consiguieron 18 mapas cartográficos, en los cuales se demarcaron numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad en todo el país.
En este sentido, mostró uno donde aparecen delimitadas dos zonas de seguridad pertenecientes a instalaciones militares en las áreas de Puerto Cabello y Borburata, junto a otras zonas de interés.
En total, narró que aparecen más de 24 zonas de seguridad demarcadas, entre ellas la zona de seguridad del Palacio de Miraflores.
Expresó que los familiares de San Miguel reconocieron que la evidencia mostrada le pertenecía a ella.
Otros elementos encontrados fueron los relacionados con los listados y perfiles de los mandos militares. “¿Por qué una presunta activista de los derechos humanos cuenta con los listados y perfiles de los mandos militares del país y sus comunicaciones?”, se preguntó la máxima autoridad del Ministerio Público.
Agregó que se consiguieron pagos en dólares de una trasnacional petrolera, y que entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país.
Asimismo, resaltó que San Miguel contaba con un protocolo de seguridad para esconder sus aparatos electrónicos a la hora de una eventual detención.
Al respecto, explicó ese protocolo se activó al momento de su captura, y fue ejecutado por su entorno más cercano, el cual trasladó estos equipos por varias localidades para tratar de eludir la acción de la justicia.
Refirió que los equipos fueron llevados desde Maiquetía a El Marqués, en Caracas; y de la capital fueron trasladados luego hasta Higuerote, donde fueron escondidos en un maletero.
Señaló que también contaba con numerosas medidas de seguridad para sus comunicaciones, por lo que todavía se está en proceso de acceder a mucha información.
Por último, subrayó que los familiares de Rocío San Miguel pudieron visitarla, a pesar de que hasta los momentos algunos voceros continúan diciendo que su caso sería una desaparición forzada. “Es indignante y una burla”, expresó.
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Prensa LOV/CCGuerra
