Zapatero dice al juez que las joyas son «un obsequio» que el rey de Arabia Saudí le entregó en 2007

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado al juez de la Audiencia Nacional que le investiga por el rescate de Plus Ultra que las joyas que fueron localizadas en su despacho profesional y valoradas en 1,3 millones de euros fueron «un obsequio» que el rey de Arabia Saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007.

Así consta en un escrito, al que ha accedido ABC, en el que el abogado del exdirigente socialista da respuesta así al plazo de tres días que le dio este lunes el magistrado José Luis Calama. El instructor le emplazó a que aportase de forma voluntaria toda la documentación que tuviera en su poder sobre el ajuar descubierto por la Policía en su despacho de la calle Ferraz de Madrid.

«Un obsequio»

Las joyas que habría recibido del rey saudí son, en concreto, tres juegos de rubíes, esmeraldas y zafiros, integrados a su vez por cuatro piezas cada uno -12 en total- montadas en oro blanco de 18 quilates y diamantes.

Se trata, afirma, de una colección que procede de un regalo «realizado como atención personal» y que el monarca le hizo entrega en el Palacio de la Moncloa «con motivo del viaje oficial» realizado entre los días 18 y 19 de junio de 2007.

La misma fue «aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto de mi representado hacia el monarca saudı́».

«Por eso las piezas a las que hacemos referencia se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material», apunta el escrito.

No obstante, el letrado apunta que si el juez considera «insuficiente la explicación ofrecida» puede dirigirse al reino de Arabia Saudí a través de una comisión rogatoria para pedir una «confirmación oficial del regalo recibido» por Zapatero.

En este sentido, su abogado explica que el propio Zapatero remitió el pasado mes de junio, después de conocer su imputación por delitos fiscal y de contrabando a cuenta de las joyas, remitió personalmente a través de la embajada de Arabia Saudí en Madrid una carta dirigida al jefe de protocolo de la corte real del país «con la finalidad de obtener la corroboración de aquellos hechos». El pasado mes de agosto, el expresidente habría remitido una nueva misiva en términos similares.

La defensa de Zapatero «no acepta ni hace propia la valoración realizada por Ansorena», pero, además, en su escrito también se refiere al resto de piezas de joyería.

Su abogado incide en que las mismas son «objetos que a lo largo del tiempo han entrado en el ámbito de disposición» de Zapatero «y de su núcleo familiar, que proceden de antepasados y recuerdos de familia y forman parte del ajuar familiar, al igual que algún otro obsequio que ha recibido por diferentes relaciones de amistad».

Pidió más tiempo para aclarar su origen

El inventario de las joyas, recogido en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco del caso Plus Ultra, incluye gargantillas y pulseras de rubíes, zafiros y esmeraldas que sólo podrían corresponderse con un país de fabricación como Zambia, otras se sitúan en América latina y hay piezas valoradas en más de 80.000 euros.

Por tenerlas durante años en una caja fuerte y no declararlas, el magistrado imputa al expresidente el delito de contrabando de joyas.

En su declaración como investigado en la Audiencia Nacional del pasado 17 de junio, Zapatero se negó a declarar sobre el hallazgo de dicho botín o a aclarar su origen, a pesar de que en el programa de TVE Mañaneros 360 dijo que «son un regalo de cortesía de hace muchos años» y que no tienen «ni uso ni destino».

Cuando se le citó a declarar, su defensa pidió 10 días para dar información sobre ellas al magistrado instructor de la causa en la que también se investiga si el expresidente pudo cobrar una comisión millonaria ilegal por influir para que la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra recibiera el rescate público de 53 millones de euros que le fue adjudicado por el Consejo de Ministros, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en marzo de 2021.